El 1 de agosto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric despachó al Senado un documento de 35 páginas con las indicaciones para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

En el marco de su discusión legislativa, este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, asistió a la comisión de Seguridad de la Cámara Alta para debatir sobre los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que se centran, entre otras cosas, en el control civil sobre Carabineros y la PDI.

Tras su participación en la instancia del Parlamento, durante la noche entregó más detalles sobre el rol que desplegará Carabineros bajo esta nueva secretaría de Estado.

“En la actualidad, Carabineros es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías”, precisó la jefa de gabinete, en diálogo con Tele13.

Sin embargo, detalló que no se trata de “cosas tan específicas”, sino más bien “tener planes operativos y estratégicos que hoy, no solamente por mera voluntad de las policías, puedan tener resorte con la autoridad y gobierno de turno”.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de tener “agentes técnicos que puedan dar los lineamientos claros para fortalecer y alinear aquellas acciones que cotidianamente enfrentan las policías en el control del orden público, en la persecución, para avanzar en eficiencia y eficacia en su rol cotidiano”.

Durante la ocasión, la jefa de Interior también recalcó que este proyecto “no está en el ánimo de este escenario electoral”, aludiendo al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, sino que más bien se trata de iniciativas “transversales y también compromisos de gobierno que estuvieron en los distintos candidatos presidenciales”.

“El Presidente Gabriel Boric lo dejó marcado en su programa y estamos cumpliendo con ello, presentando las indicaciones para un ministerio que da mayores capacidades, que robustece al Estado y su relación con las policías, porque obviamente nos preocupa, al igual que a la ciudadanía, tener más capacidades para poder enfrentar las distintas materias de inseguridad”, complementó.

Además, remarcó la importancia de dividir las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ya que, actualmente, la cartera “se dedica tanto a gobierno interior, materias como ONEMI, Senda, materias migratorias y, además, seguridad”.

“Creo que podemos tener consenso de que necesitamos un ministerio especializado con toda la capacidad, para poder estar trabajando en conjunto con las policías”, afirmó.

Indicaciones presentadas por el Ejecutivo

El proyecto que crea un nuevo ministerio para encargarse de la seguridad pública fue ingresado el 23 de septiembre de 2021 por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa, en concreto, surgió desde un acuerdo transversal, luego el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Su ingreso se realizó a través del Senado, donde fue aprobado posteriormente por la Sala. Así, para este mes correspondía que se presentaran las indicaciones de la nueva administración, lo que se concretó a inicios de agosto. Será la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta la instancia en que se discutirán las enmiendas.

Uno de los primeros cambios que contempla el proyecto y que fueron definidos por el actual gobierno fue la modificación del nombre Ministerio de Seguridad Pública, al cual se le agregó “Convivencia Ciudadana”.

En tanto, las indicaciones se centran, principalmente, en el control civil sobre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, entre las atribuciones de esta nueva cartera de gobierno, el Ejecutivo contempla la supervigilancia y el control de las modificaciones de la organización interna de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la paridad de género, en conformidad con los planes estratégicos de desarrollo policial.

Aquel control estará radicado tanto en la administración de la policía uniformada como también en términos formativos.

Otro de los puntos que se establecen en la indicaciones es la creación de un Servicio Nacional para las Víctimas, la cual tendrá un organigrama propio y dependerá directamente del Ministerio de Seguridad.

En dicho organismo se elaborarán políticas y programas para ir en apoyo de quienes hayan sido objeto de algún delito común y se incluirá a los defensores ambientales.

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