Una nueva reunión para evaluar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado en la Macrozona Sur se concretó esta mañana en La Moneda.
Como cada jueves, los ministerios de Interior y Defensa se reúnen junto a representantes de las policías y las Fuerzas Armadas para hacer un balance de la medida que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y que ayer sumó su tercera prórroga aprobada por el Congreso Nacional.
Si bien la extensión contó con un apoyo transversal, durante la discusión en el Parlamento algunos diputados oficialistas hicieron un llamado explícito para que el gobierno extendiera la presencia militar a la región de Los Ríos, en vista de los atentados registrados en La Unión y Máfil.
Y es que tras los ataques incendiarios, fue la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien el martes abrió la puerta a aquella posibilidad.
“Es parte de las evaluaciones que hacemos todos los jueves, lo vamos a volver a analizar en esta sesión tanto así con los delegados presidenciales de las regiones como también con las autoridades de las policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, por si existiera nuevamente un fenómeno que se desplazara”, aseguró la jefa de gabinete en esa ocasión, tras ser consultada.
Sin embargo, tras la reunión de esta mañana descartó aquel escenario, aludiendo a las cifras de violencia registradas en la zona. “Por el momento descartamos la extensión del estado de excepción constitucional hacia Los Ríos o Los Lagos”, precisó la secretaria de Estado.
Según informó, “hemos analizado los datos y cuantitativamente no hay un aumento significativo en los hechos de violencia, pero sin duda comprendemos la preocupación”.
En esa línea, detalló que Carabineros reforzará los puntos de control en la región y que desde el Ejecutivo solicitaron un informe “mucho más minucioso” a las entidades de inteligencia con el fin de “reforzar el abordaje” en la zona.
La petición oficialista en el Parlamento, no obstante, se suma también a una particular que realizó la bancada comunista, quienes acordaron solicitarle al gobierno que esta fuera la última prórroga del estado de excepción. Una señal que demuestra incomodidad en dicha colectividad -y que se extiende al Frente Amplio- al momento de votar la extensión de la medida.
Consultada sobre aquella situación, la ministra del Interior destacó el “respaldo” de los legisladores. “Me ha tocado personalmente conversar con los distintos partidos de gobierno, como también con las distintas bancadas parlamentarias, y quiero destacar el respaldo que ha existido a esta medida que es complementaria”, expresó.
Eso sí, recalcó que el estado de excepción “no soluciona los problemas de fondo”, por lo que desde el Ejecutivo están trabajando en una estrategia “política y policial para desbaratar las bandas que operan, como también para enfrentar el conflicto que se vive en el sur”.
Infraestructura Crítica
Durante la instancia, Siches también se refirió a la posibilidad de que el gobierno aplique en la Macrozona Sur el proyecto de Infraestructura Crítica, que habilita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar esas áreas del país cuando exista peligro grave o inminente.
La iniciativa fue visada el lunes por el Congreso y, tras su aprobación, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, advirtió que se requeriría de un “reglamento que defina varios aspectos que no quedaron, a juicio del legislador, dentro de la reforma”, como “la cadena de mando” y “la forma en que se tiene que informar al Congreso”.
Un día después, Siches informó que se inició un análisis jurídico del reglamento para evaluar la implementación del proyecto, junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y al titular de la Segpres.
En ese marco, hoy reveló que ya se concretó una primera reunión con los equipos jurídicos y que durante este jueves se llevaría a cabo la segunda “para volver a abordarlo”.
“Esperamos avanzar en torno a nuestra evaluación tanto jurídica como técnica para hacerle presente al presidente que, a nuestro juicio, es un instrumento que el gobierno debe evaluar su utilización, tal como lo hemos hecho con el estado de excepción constitucional”, indicó.
“Consideramos que todas las herramientas en que el Parlamento ha avanzado son útiles para enfrentar la violencia y el crimen que opera en los distintos territorios de nuestro país”, remarcó.
