A las 9.00 horas de este viernes, en el Tribunal Oral de Concepción, inicia el juicio por narcotráfico en contra de Emilio Berkhoff, exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y otros 18 imputados.
Los acusados fueron detenidos el 12 de junio de 2020 en el sector de Los Vilos y Retiro, región de Coquimbo, tras un operativo antidroga de la Policía de Investigaciones (PDI). Desde ese año se encuentran en prisión preventiva.
Ad portas del comienzo de la audiencia, durante una actividad pública en Barrio Meiggs para restablecer el transporte público en la zona, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió al caso esta mañana.
“Como gobierno somos muy respetuosos del Poder Judicial, esperamos que las distintas instancias se agoten”, señaló, y agregó que “estamos obviamente confiando en las instituciones”.
Seguidamente, precisó que “en el caso de Emilio Berkhoff, obviamente como Estado esperamos que quienes delinquen en nuestro país tengan las penas que requieren, y en el caso particular de él que el proceso de investigación y las sanciones se materialicen como también su detención”.
Desde 2017, Berkhoff se encontraba en libertad condicional luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción considerara su buena conducta y cumplimiento de la mitad de la condena por porte ilegal de armas de fuego y munición, en 2015.
Sin embargo, tras un operativo antidroga de la PDI, fue detenido en 2020 mientras viajaba en una camioneta que formaba parte de una caravana de vehículos que prestaba “cobertura” al traslado de un cargamento de droga que se dirigía a Concepción.
Tras el procedimiento policial, que se hizo en varias regiones del país, se logró la incautación de al menos 823,9 kilos de cocaína base, la que iba oculta al interior de vehículos en 800 paquetes rectangulares que transitaban desde Tarapacá hacia el Biobío.
Demanda por daño moral y encerronas
La ministra del Interior también fue consultada por la demanda que realizó en contra del Estado la senadora independiente, Fabiola Campillai. La parlamentaria presentó la acción judicial denunciando daño moral y solicitando una indemnización de perjuicios que asciende a más de $2 mil millones.
Al respecto, la jefa de gabinete indicó que “esperamos que los antecedentes que presente la senadora Campillai, obviamente en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, se ponga bien materializar las compensaciones que el Estado comprenda que son necesarias en este caso”.
Durante la instancia, la secretaria de Estado también abordó el aumento de encerronas y robo de vehículos durante las últimas semanas, un hecho del que fue víctima la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, durante la noche del jueves.
“Como gobierno estamos muy preocupados. Lamentamos todas las víctimas de estas encerronas, no solamente la subsecretaria Perales, que esperamos que se encuentre muy bien, sino que también los distintos incidentes que han ocurrido de forma continua en el último tiempo”, señaló Siches.
En esa línea, aseguró que, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le encomendaron al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, “armar un grupo de tarea que recoja las distintas medidas, tanto la participación de privados, pero también la mirada de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.
“Entendemos que estos delitos hoy día son tercerizados, vehículos que son vendidos a bajo costo a bandas que operan en desmantelar o sacar del país”, detalló, por lo que precisó que están trabajando para “perseguir el modus operandi y, eventualmente, lograr desbaratarlo y también lograr dotar de nuevas tecnologías a los propios vehículos”.
“Hay una serie de medidas que se están trabajando y esperamos enfrentar estos delitos con decisión y claridad”, sentenció.
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