Chats con Hermosilla: ministra Ángela Vivanco impugna su proceso de remoción ante la Contraloría

La ministra Ángela Vivanco interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República para impugnar el proceso de remoción en su contra que lleva a cabo el máximo tribunal. a conocer diversos chat que esta mantenía con el abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación del caso Audio.

Cabe recordar que la Corte Suprema suspendió a la ministra Vivanco y le abrió un cuaderno de remoción luego de que Ciper revelara que en medio de las conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla entre los años 2018 y 2023, hay indicios de irregularidades y de delitos que hoy son indagados por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

En el escrito presentado, la magistrada solicitó que el organismo “dictamine que es ilegal el decreto presidencial que da cumplimiento a la remoción de un juez (...) si omite dar satisfacción a la garantía del debido proceso, en cuanto a dar acceso a todo el expediente y prueba al juez inculpado”.

Esta acción realizada por la magistrada ocurre luego que el Congreso se negara dos veces a darle acceso al expediente que tramita la Comisión de Ética, además de haber rechazado conceder más plazo para la realización de los alegatos.

Respecto a esto, describió, que “el 9 de septiembre, a fin de elaborar el informe solicitado en el cuaderno de remoción y poder preparar debidamente mi defensa en dicha sede, solicité copia de los antecedentes de las dos anteriores Comisiones de Ética, documentos que me fueron rechazados según resolución de fecha 11 de septiembre de 2024″.

En ese sentido, indicó que recibió la misma negativa “cuando se rechazó igualmente por el Pleno de la Excma. Corte Suprema una solicitud de copia de antecedentes para los mismos objetivos anteriormente expuestos”.

Debido a esto Vivanco señaló que su solicitud actual “se pide sobre un asunto concreto que es el procedimiento de revisión, no es una petición abstracta, y busca, justamente resguardar la protección de la norma Constitucional”.

Es por esto que, según el texto de la magistrada, la impugnación se sustenta en que “el debido proceso es el conjunto de garantías y derechos que debe considerar un procedimiento judicial, disciplinario o administrativo, con el objeto de resguardar la libertad y autonomía de las personas y como límite al ejercicio de las actuaciones del poder público, exigiendo su sujeción al derecho y la interdicción de la arbitrariedad”

“De este modo, no cabe duda de que, el procedimiento de remoción de un juez y el decreto supremo que lo afine por parte del Presidente de la República debe hacer constar todas y cada una de estas circunstancias, so pena de incurrir en un acto ilegal y arbitrario”, sentencia el escrito.

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