A partir de las 11.00 horas de este jueves, la Sala del Senado discutirá y votará el paquete de iniciativas en materia de seguridad que despachó entre martes y miércoles la Cámara de Diputados y Diputadas. Entre ellas, figura el proyecto que unifica a las llamadas leyes Retamal y Nain -cuyo articulado ayer fue aprobado en su totalidad por la corporación-, que buscan reforzar atribuciones y elevar sanciones a quienes atenten contra policías.
En medio de la discusión en el hemiciclo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las objeciones del Ejecutivo con el proyecto tal y como fue despachado y, a pesar de la resistencia que existe en sectores de izquierda, la ministra hizo un llamado a aprobar las mociones fusionadas, cuyo punto más delicado es un artículo que concede a los funcionarios una presunción de uso justificado de su arma de servicio (legítima defensa privilegiada), cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito.
Esta mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien estuvo presente en la discusión del proyecto, calificó la ley Nain-Retamal despachada por la Cámara como “defectuosa”, argumentando que existen “riesgos” para Carabineros y ciudadanos al regular las reglas del uso de la fuerza a través del Código Penal, tal y como lo propone la iniciativa.
“El proyecto que acaba de pasar de la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la “legítima defensa privilegiada” en el Código Penal y eso tiene varios problemas. Uno de ellos es que omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar”, partió explicando el titular de Justicia y DD.HH. en conversación con Radio Infinita.
Ese mismo reparo lo había manifestado en la discusión en Sala. Al tomar la palabra -casi al final de la sesión-, Cordero apuntó que “establecer una regla en específico en el Código Penal que asume condiciones equivalentes a la de un particular, desde el punto vista técnico, es un error”. Y adelantó -al igual que Tohá- que en el Senado presentarán indicaciones en ese sentido.
“¿Por qué es un riesgo? En su oportunidad, el Ejecutivo lo que advirtió es que este tipo de situaciones tiene que estar amparadas en las reglas de uso de la fuerza. Cuando uno mira el derecho comparado, hipótesis que se aproximan a este debate, están asociadas a reglas del uso de la fuerza. Por lo tanto, el Ejecutivo -tal como lo advirtió en la Cámara- considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no solo para la policía, sino que también para ciudadanos”, advirtió Cordero en conversación con Infinita.
Desde la oposición, sin embargo, aclaran que en ningún caso hay ánimo de bajar un peldaño respecto del estatuto jurídico que se aprobó en la Cámara, así como lo propone el Ejecutivo al querer regular en el Código de Justicia Militar las reglas del uso de la fuerza y no en el Código Penal, como lo estipula la iniciativa. De hecho, los diputados socialistas son coautores de la fórmula que se aprobó sobre legítima defensa policial.
Cuesta arriba en el Senado
El problema es que el panorama en el Senado se vislumbra igualmente cuesta arriba para las aspiraciones de La Moneda, que nunca le dio patrocinio ni urgencia a esta iniciativa, debido al fraccionamiento de la alianza gubernamental y también por los reparos técnicos del punto de vista legislativo.
De partida, las bancadas opositoras (UDI, RN, Evópoli y Republicano) son la mitad de la Cámara Alta, es decir, 25 votos. A ellos se suman los senadores del Partido Demócrata (en formación) Matías Walker y Ximena Rincón, quienes en este tema están en sintonía con la postura de la derecha. Con ello, ya habría una mayoría de 27 de 50 votos para imponer los términos de un nuevo proyecto que entregue más atribuciones y protección jurídica a las policías para usar su armamento en circunstancias extremas.
Consultado por el debate de este jueves, el senador Walker dijo que “me parece que es un buen proyecto (Naín-Retamal) el que salió. Llegó la hora de tomar decisiones políticas y creo que el Senado tiene que aprobar los proyectos tal como vienen de la Cámara de Diputados y despacharlos a ley esta semana. La ciudadanía no admite más vacilaciones”.
El PS, el PPD y la DC, por su parte, ya tenían una inclinación favorable a la iniciativa en la Cámara, por lo tanto, es probable que algunos senadores de esos partidos también se plieguen a esa postura, a pesar de la cautela que ha tenido el Ejecutivo. De hecho, las últimas señales de los senadores socialistas José Miguel Insulza (quien se abrió a penalizar como incitación a la violencia el uso simbólico del perro Matapacos) y Juan Luis Castro (quien está pidiendo estado de excepción para la Región Metropolitana) apuntan en ese sentido.
El cuadro complejo de La Moneda no termina ahí. La Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, que le dará el tratamiento más técnico al proyecto, tiene este año una composición mayoritaria de derecha (tres de cinco integrantes) y es presidida actualmente por el senador Evópoli Felipe Kast. Los otros miembros de la instancia son Insulza y el DC Iván Flores.
El riesgo de que el gobierno sufra una derrota con el rechazo de sus indicaciones en el Senado está latente. Y si el Ejecutivo quisiera persistir en su planteamiento tendría que recurrir a un veto presidencial, lo que alargaría el proceso legislativo, con el costo de la presión social que hay detrás de esta iniciativa Naín-Retamal.
