Ministro de Justicia por presunto “tráfico de horas” en Registro Civil: “Es la peor expresión del abuso”

MINISTRO DE JUSTICIA, LUIS CORDERO
Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El pasado 23 de febrero, el director nacional de la institución, Omar Morales, presentó una querella en contra de un funcionario acusado de cohecho y fraude por la venta de números para la atención en el servicio.


Este martes, se reveló a través de un reportaje de Canal 13 un presunto “tráfico de horas” cometido por un funcionario de la sede de Huérfanos del Registro Civil, en Santiago Centro. Por el hecho, el director nacional de la institución, Omar Morales, presentó una querella el 23 de febrero en contra del funcionario acusado de vender números de forma irregular, a quien se le imputan los delitos de cohecho y fraude.

El ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, se refirió esta mañana al hecho que afecta al Registro Civil -servicio a cargo de su cartera- y acusó que este tipo de prácticas son “la peor expresión del abuso”.

“Hay un gran esfuerzo por tratar de gestionar los retrasos que existen desde el punto de vista de poder actualizar que las personas puedan disponer de tiempos adecuados para la renovación de sus cédulas de identidad, pasaporte, etcétera. Pero todo ese esfuerzo, este tipo de eventos lo que hace es destruir buena parte del trabajo que directivos y funcionarios del Registro Civil han realizado para poder llevar a cabo esa gestión y, de algún u otro modo, es la peor expresión del abuso que se puede cometer para los ciudadanos”, calificó Cordero en conversación con Radio Concierto.

Es un acto de corrupción”, fue enfático el titular de Justicia.

Los sujetos ubicados al exterior del servicio y que se coordinaban con el funcionario acusado del delito, cobraban unos 70 mil pesos por dar números y que los usuarios se saltaran la fila, según detalló el reportaje de Canal 13.

Consultado respecto a si esta dinámica se repetía en otras sedes del Registro Civil, Cordero especificó que hay investigaciones sumarias en curso que iniciaron en septiembre del año pasado par indagar este tipo de hechos, pero que aún desconocen la “magnitud” del problema.

“Las personas que están identificadas ahí (en las investigaciones) son por las cuales se está instruyendo sumarios, la magnitud de esto todavía no... por la manera en que están siendo instruidos yo creo que es conveniente ser prudentes sobre el punto. Las querellas han sido interpuestas por cohecho y por fraude, y esa es una querella bastante amplia”, detalló Cordero.

Eso sí, el secretario de Estado reconoció que el hecho en cuestión da cuenta es que existen “ciertas organizaciones”, al margen de los funcionarios que operan muchas veces con la venia de estos para cometer ilícitos.

Más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada también respecto a la denuncia y reconoció que se trata de una “situación gravísima”.

“Es corrupción en toda la línea porque no es solamente extracción de recursos, sino que es dejar a las personas sin su derecho a ser atendida oportunamente priorizando aquellos que le pagan a un funcionario por obtener un atajo por el lado para ser atendido antes”, apuntó la secretaria de Estado.

Y agregó que el caso “es el adn de la corrupción pública, el atentado a la probidad pública que perjudica directamente a la población. Se tendrá que investigar administrativamente y penalmente veremos los resultados de esas investigaciones, ojalá salgan con las sanciones más alta posibles”.

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