Uno de los factores que mantienen la tensión en La Araucanía es la huelga de hambre que sostiene un grupo de 27 internos de tres penales de la zona. Uno de ellos es el machi Celestino Córdova, quien en 2013 fue condenado por su responsabilidad en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Representantes del comunero han indicado en las últimas jornadas que su salud se ha deteriorado y han mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia para llegar a un acuerdo y bajar la medida de presión.

Entre los requerimientos que Córdova ha hecho llegar al gobierno se encuentra que le permitan salir de la cárcel para ir a rezar a su rewe (un árbol ancestral) en su comunidad.

Y en el marco de estas conversaciones, fue el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien reiteró que el gobierno no puede intervenir en resoluciones judiciales y permitir la modificación de condenadas, como tampoco de medidas cautelares.

Pérez también indicó que “aquí se ha establecido y se ha reiterado que se trata de presos políticos, quiero una vez más desmentirlo. Los presos políticos que uno conoce en el mundo y en la historia son los que detienen los gobiernos. Nosotros no hemos detenido a nadie. El gobierno no tiene a nadie detenido, son los tribunales de justicia, a través de procedimientos legales, judiciales, transparentes y públicos”.

Además, sostuvo que “el gobierno dice con toda la claridad, protegiendo la vida, que va a hacer todos los esfuerzos para que Celestino Córdova sea atendido en los momentos difíciles que genera una huelga de hambre. Pero no hay duda de que el respeto a la ley y a las decisiones de los tribunales, a nuestro juicio, es fundamental”.

Respecto de estas declaraciones, Aucán Huilcamán, werkén (vocero) del Consejo de Todas las Tierras, indicó que “el mundo entiende perfectamente que hay presos políticos y es por eso que piden que se adopten medidas adecuadas, a favor de los presos que están en huelga de hambre”, dijo.

En tanto, un grupo de funcionarios de la oficina regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas acudió hasta La Araucanía para monitorear la situación en la región, en medio de los hechos de violencia de las últimas semanas.

Operativo

El Ministerio Público informó que siete personas fueron detenidas por Carabineros por el delito de porte Ilegal de armas y munición, en la ruta que une Carahue y Tirúa.

En uno de los controles de la policía se detectó que el grupo trasladaba en una maleta cuatro escopetas, tres machetes, cuatro cuchillos y 74 cartuchos calibre 12 milímetros de caza. Todos pertenecerían a una comunidad de la zona.

Además, en otro procedimiento de la PDI de Angol se incautaron tres escopetas (una de repetición), 376 municiones de distinto calibre, chalecos antibalas, ropa mimetizada con parches de la Armada y una camioneta con encargo por robo, en Collipulli.