Este martes, concurrió a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, en torno a la investigación que lleva a cabo el ente persecutor por el denominado Caso Hermosilla.

Según denunció Ciper, el magistrado habría mantenido conversaciones por la aplicación WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, a quien –según consigna el reportaje- le habría solicitado apoyo para llegar al máximo tribunal en 2021, acusación que ha sido públicamente negada por el juez.

Bajo este tenor, el ministro Matus confirmó hoy que “es efectivo que el día martes 6 de agosto, en horas a de la tarde, concurrí a declarar, voluntariamente, en calidad de testigo, ante el fiscal Felipe Sepúlveda”.

En tanto, no ahondó en torno al contenido de este testimonio, remitiéndose únicamente a señalar que “los detalles de la declaración testimonial pertenecen a un expediente reservado, a cuyo contenido no es posible referirse”.

Hermosilla está siendo indagado en un caso de presuntas coimas a funcionarios públicos a partir de un audio suyo con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos. En el marco de las diligencias investigativas, fue incautado el celular del abogado penalista, donde –según revela Ciper- estarían respaldadas las conversaciones que este mantuvo con el juez sobre su postulación al máximo tribunal.

Cabe recordar que, en abril de 2021, en la segunda administración de Sebastián Piñera, Jean Pierre Matus quedó en la quina que elaboró el pleno de la Corte Suprema. Luego, en agosto de ese año, fue nominado por el Ejecutivo y en septiembre ratificado por 30 votos del Senado, mientras que Hermosilla figuraba como asesor del Ministerio del Interior.

Según expone el referido medio, en la comunicación entre Hermosilla y Matus “se puede trazar la colaboración del ahora ministro de la Suprema con ese gobierno”.

Asimismo, el reportaje señala que, bajo reserva, el ministro del máximo tribunal del país actuó para conseguir un informe en derecho del abogado alemán Kai Ambos, el que fue utilizado en la defensa de Andrés Chadwick en la acusación constitucional en su contra en el Congreso.

El 11 de diciembre de 2021, la Cámara Alta aprobó los dos capítulos del libelo acusatorio, sancionando al exministro del Interior con no poder ejercer cargos públicos por cinco años.