Luego de una semana marcada en el ámbito judicial por la disputa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, Hernán Larraín dio este viernes nuevas luces en el rol que asumirá el gobierno para intervenir en el conflicto.
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"Yo creo que aquí hay opiniones muy contrastadas entre ambos organismos que reflejan la necesidad de definir y de limitar sus respectivas competencias, para que no se traslapen, para que no se topen estos organismos en sus desempeños", señaló el secretario de Estado.
"Así como hemos hecho un llamado al diálogo para resolver en forma directa y bajar las tensiones entre instituciones tan importantes estamos, porque así lo hemos conversado con el Presidente, trabajando en distintas medidas de carácter normativo para ayudar a resolver estos temas. Eso incluye una reforma constitucional que vamos a presentar más adelante y también otros cambios que, en el ámbito legislativo, leyes que dicen relación con el ámbito orgánico constitucional y leyes simples que, creemos, van a ayudar a definir estos temas", afirmó Larraín.
El ministro añadió que "una reforma constitucional podría precisar hasta donde llega el Tribunal Constitucional o hasta donde llega la Corte Suprema, de manera de generar muros infranqueables que impiden las tensiones y que impiden que dos organismos estén tratando las mismas materias. Porque aquí ambos son el organismo, por así decirlo, máximo, el tope".
"Respecto de ellos no hay recursos ulteriores, no hay instancias posteriores que puedan seguir revisando esta materia. No podemos dejar espacios a que entre sí tengan situaciones de conflictos. Eso es lo que puede resolverse de forma directa. Pero en todo caso nosotros vamos a procurar, a través de una reforma constitucional, colaborar a delimitar debidamente el espacio de atribuciones de cada uno", finalizó.
La controversia comenzó el día lunes, cuando la Tercera Sala del máximo tribunal, presidida por el ministro Sergio Muñoz, dio a conocer un fallo en que se abría la posibilidad de que las sentencias del Tribunal Constitucional puedan ser revisadas mediante recurso de protección.
Desde entonces se han producido declaraciones cruzadas entre los tribunales. El día martes, el pleno del TC, a través de su presidenta María Luisa Brahm, difundió una declaración pública en la que señalaban que "el Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema".
Ayer, por su parte, la Tercera Sala emitió un comunicado en el que afirmaban que "la autonomía constitucional de referido tribunal no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la Carta Política contempla".
La contienda entre ambos poderes del Estado se instaló en el centro de las preocupaciones del Ejecutivo. De hecho, el miércoles, el Presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión en La Moneda con Larraín y los ministros del comité político.
Al término de la cita, el titular de Justicia salió a dar un punto de prensa en el que calificó de "grave" la disputa entre Poder Judicial y TC y advirtió que el gobierno podría intervenir de "manera normativa".
