Luego que la Pontificia Universidad Católica (PUC) interpusiera un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud (Minsal) por las condiciones que se establecieron en el protocolo de objeción, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible dicho requerimiento y solicitó a la secretaría de Estado que envíe un informe en un plazo de cinco días respecto de las alegaciones que realizaba la PUC.
En el recurso, se indica que la norma publicada el 22 de enero pasado, estipula que los establecimientos públicos así como los privados que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud, "no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología". Esto afecta, de acuerdo a la acción judicial, a la institución, ya que desde el 2003 mantiene en vigencia un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente a través de su red "Ancora", la que realiza prestaciones ginecológicas y obstétricas.
"Simplemente la ley estableció que tenemos el derecho de objetar conciencia y hoy este reglamento establece barreras que no se condicen con el ejercicio libre de ese derecho", señaló el director jurídico de la PUC, Juan Esteban Montero.
Consultado por el posible término del convenio entre el Minsal y la PUC si es que la Corte no llegase a acoger el recurso, Montero agregó que "es uno de los temas que claramente no dependen de mí, pero me imagino que se verá en su momento".
En tanto, la ministra de Salud (s), Gisela Alarcón, aclaró que el recurso de protección presentado por la UC "no detiene la vigencia de la ley", así como también confirmó que frente a la acción judicial, "obviamente que haremos efectiva nuestra defensa dentro de los plazos".
Entre los argumentos que presentarán en el informe requerido Alarcón indicó que "no estamos vulnerando ningún derecho fundamental, ni derecho de igualdad, no estamos haciendo ningún trato distinto a personas jurídicas" y respecto a los convenios "le estamos entregado las mismas reglas que a la red pública".
Asimismo, en relación a la solicitud realizada por la UC de no innovar a la corte, que busca paralizar el reglamento mientras no haya un fallo, la ministra subrogante indicó que, de ser aceptado, "sólo afectaría a la PUC" y no otras instituciones.
Debate
La presentación del recurso de protección de la PUC ha despertado el debate en diversos directorios de los recintos asistenciales objetores y también en distintos establecimientos de educación superior que imparten carreras de la salud.
Entre los hospitales privados o de propiedad de la Iglesia, que mantienen convenios con el Ministerio de Salud, (y que se podrían ver afectados en su derecho a objetar conciencia de forma institucional), están el Hospital de Panguipulli; el Parroquial de San Bernardo; el Hospital San José de Puerto Varas (Clínica Puerto Varas); y el Hospital San Francisco de Pucón.
En el recinto de San Bernardo, que pertenece al Obispado local, se estaría evaluando un recurso protección paralelo.
Similar situación se estaría dando en el Hospital de Panguipulli, cuya infraestructura pertenece a la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, donde indicaron que "está en estudio por el directorio las acciones a seguir". Desde es el Hospital de San José de Puerto Varas, manifestaron que no es algo que estén evaluando por el momento
En tanto, desde la educación superior, el rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, expresó que "estamos estudiando el tema. Defenderemos nuestro derecho a no practicar abortos y a no vernos afectados a ninguna discriminación por ese motivo. Consideramos que el aborto atenta gravemente contra la vida y a nadie se le puede obligar a llevarlo a cabo". Otro establecimiento que también estaría debatiendo la opción de presentar algún recurso es la Universidad Finis Terrae.
Si bien este plantel no cuenta con recintos de salud como la U. Andes, el abogado y secretario general de la Finis, Álvaro Ferrer, señaló que "nosotros formamos profesionales y es muy delicado que el protocolo no permita a las personas que forman parte de una institución objetora seguir la misma línea".
Argumentó que "los docentes y alumnos en práctica están actuando en representación del plantel y se verían obligados a realizar un aborto". Por esta razón, la Finis Terrae estaría evaluando la posibilidad de presentar un recurso de protección o de hacer un reclamo de legalidad administrativo en Contraloría.
Críticas
Para la diputada Karla Rubilar (IND), el protocolo impugando por la UC "cumple el espíritu de la ley y del Tribunal Constitucional" respecto de quiénes pueden hacer objeción de conciencia institucional. Por lo mismo, indicó que "puede que la PUC esté haciendo una mala interpretación o quiera obstaculizar la entrada en vigencia de la ley".
