La incautación de los correos del exministro Jaime Mañalich, su exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y la subsecretaria Paula Daza la autorizó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Darwin Bratti. Eso ocurrió el viernes 11 de septiembre, en el marco de la causa que investiga el fiscal Marcelo Carrasco, en la que están querellados el Presidente Sebastián Piñera, Mañalich y otras autoridades de Salud, por eventuales delitos asociados al manejo de la pandemia, como por ejemplo el posible ilícito de diseminación imprudente de gérmenes patógenos.
Sin embargo, ese viernes la diligencia no se concretó. El ministro de Salud, Enrique Paris, se negó y abrió una larga disputa que llegó incluso a la Corte Suprema. La negativa de Paris apuntaba a que los correos contenían información que afectaba la seguridad del país.
Esta pugna judicial culminó este lunes. “La diligencia se cumplió (…) Recibí al fiscal el viernes, conversé con él y hoy día finalizamos con la selección y en horas de la tarde haremos entrega de la lista de los correos”, comentó Paris.
Los equipos de informática estuvieron trabajando junto con los abogados del Minsal durante todo el fin de semana y revisaron uno a uno los 49.000 correos. El proceso consistió en “singularizar” los mensajes que contenían información sobre compra de insumos médicos o disposición de efectivos militares y policiales. Luego de la revisión, fuentes vinculadas a la causa aseguraron que se excluyeron menos de 30 correos. Todo el resto quedará a disposición de la fiscalía, como parte de los antecedentes del caso.
La fiscalía cuenta con el respaldo de todos los correos. Luego de que fueran entregados por Entel, el Ministerio Público junto con la PDI elaboró dos copias con la totalidad de los mensajes. La copia A quedó en manos de la fiscalía Centro Norte y la B en manos del Minsal. Esta última copia no se podía editar por lo que, las mismas fuentes, señalan que el equipo de Salud elaboró una lista con los correos que podrían atentar contra la seguridad nacional. Solo esos serán los que no podrán ser usados por los investigadores en la indagatoria en curso.