Actualmente, el proyecto que envió el gobierno para viabilizar y mitigar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso se encuentra en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y aunque en esta instancia ya se aprobó la idea de legislar la ley, autoridades y parlamentarios dan por hecho que será necesaria una comisión mixta para resolver el nudo legislativo, debido a los cambios que se proyecta que se realizarán en el Congreso.

En ese contexto, fuentes del gobierno advierten que la negociación más importante estará en esa instancia, que sería presidida por el senador UDI Javier Macaya (y será integrada por 5 senadores y 5 diputados representantes del oficialismo y la oposición). Este debate será cuesta arriba y se enredó aún más después de que la semana pasada una pieza clave para los parlamentarios de oposición quedó fuera del puzle: el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la votación y aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en la ley corta de isapres ahora quedó sin efecto.

Ante ese escenario el gobierno debe determinar si ingresa nuevas indicaciones y si en ellas busca una fórmula que posibilite a la industria enfrentar la crisis en la que quedó tras el fallo de la Corte Suprema.

Hasta ayer el gobierno no ha dado luces del camino que tomará. Solo ha evidenciado de que no está de acuerdo con la mutualización. Pero la apuesta del Ejecutivo en encontrar un camino intermedio que tenga los apoyos suficientes en el Congreso. Y eso implica un acercamiento con la oposición que ya intentó durante el trámite del proyecto en el Senado.

En ese marco, el Minsal ha hecho los primeros telefonazos. Así lo asegura un legislador de oposición que comenta que la semana pasada, tras el fallo del TC, recibió un llamado de los asesores de la ministra Ximena Aguilera para comenzar a explorar un consenso frente al proyecto y manifestar la voluntad del Ejecutivo de que la norma sea aprobada como se presentó. Esa invitación. asegura una fuente oficialista, también se le hizo llegar a todos senadores de oposición que integrarán la mixta: Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI).

Hasta ahora, los parlamentarios han declinado la invitación, pues quieren esperar el resultado de la discusión en la Cámara de Diputados antes de conversar posibles salidas, y es que advierten que el proyecto puede “salir peor” debido a la diversidad de cambios que quieren hacer los diputados. Un punto clave que quieren conocer si es que el gobierno presentará o no un nuevo mecanismo para calcular los cobros en exceso que deben devolver las aseguradoras, ya que advierten que el cálculo actual no le da viabilidad al sistema.

Conocedores de estas conversaciones previas aseguran que existe disposición del Ejecutivo para recalcular la deuda, y cuenta que quienes han hecho las llamadas han sido el jefe de asesores de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, Manuel Nájera; el encargado de la División Jurídica de la cartera, Manuel Pérez, y su asesor legislativo, Jaime Junyent.

Desde la cartera sanitaria, reconocen los contactos y señalan que estos asesores están encargados de llamar permanentemente a los parlamentarios y que también han acompañado a la ministra en el Senado y al Congreso durante todo este proceso.

De momento, el Ejecutivo no ha dado señales de ingresar nuevas modificaciones al proyecto relativas al cálculo, pero sí han dado luces del futuro de la industria. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó este viernes en Radio Infinita que dejar caer la industria no es una opción: “A veces se especula que el gobierno desearía eliminar las isapres. No hay ningún gobierno que quiera un colapso en el sistema de salud, es absurdo, es un autosabotaje. Lo relevante es tratar de buscar una solución y en eso ha estado el gobierno desde que presentó la ley corta”.

Eso sí, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó no repondrán la mutualización: “Un proyecto que no comprendía este mecanismo, y vamos a insistir en que se apruebe el proyecto originalmente presentado por el gobierno”, ahondando en que esa insistencia será con las indicaciones que en su tiempo se hicieron presentes, “en las cuales no estaba considerado ese punto”.

Con todo, la titular de Salud le solicitó a Fonasa y a la Superintendencia de Salud -instituciones que también son parte de la ley corta- modificaciones al proyecto. Además, las autoridades sanitarias ya se han comprometido con una en particular.

La ley incluye un alza extraordinaria de los precios base con el objetivo de lograr el equilibrio financiero de la industria. ¿El problema? De acuerdo a las estimaciones que la Superintendencia de Salud realizó en enero, los aumentos en algunos casos podrían ser de hasta el 41%, incrementos que fueron calificados como “excesivos” y “gigantescos” por parte de los integrantes de la instancia, quienes además advirtieron que se podría generar un escenario aún más complejo.

En ese contexto, el Ejecutivo se comprometió a enviar en esta etapa de tramitación una indicación que fijará un tope a estos incrementos.