Tal como lo anunció el Presidente Gabriel Boric durante la jornada, esta tarde la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se investigue la colusión de empresas en el mercado del gas industrial y hospitalario, durante la pandemia de Covid-19.
Esto, luego de que el hecho fuera denunciado ante el Tribunal de Libre Competencia por la Fiscalía Nacional Económica, desde donde señalaron que Indura y Linde, entre los años 2019 y 2021, “acordaron no disputarse los clientes para así impulsar un plan de alza de precios y aumentar la rentabilidad”.
La secretaria de Estado ya había declarado que es “gravísima la acusación por colusión de gases medicinales. Máxime durante la pandemia, donde la posibilidad de sobrevivir de millones de enfermos dependió del acceso al oxígeno”.
El documento emitido al CDE por la autoridad de salud solicita la intervención de este órgano para representar los intereses del Fisco “en la persecución de las responsabilidades civiles y penales que en derecho correspondan, sobre los hechos acusados por la Fiscalía Nacional Económica”.
Además, instruye “a los hospitales mencionados en el libelo como presuntamente afectados por la colusión, poner a su disposición (del CDE) toda la información necesaria para esclarecer los hechos “. Asimismo, agrega que “queda esta cartera de Estado (Minsal) pendiente de la colaboración que pueda prestar”.
En el texto, se argumenta que “esta colusión habría afectado a nuestro sector, por encarecer insumos médicos fundamentales para la atención de salud, en particular aquella de enfermedades respiratorias. A mayor abundamiento, se puede observar que la temporalidad en la que habrían ocurrido los hechos involucra el periodo más álgido de la pandemia por SARS-CoV-2, que constituyó una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPIII), que mantuvo a nuestro país en alerta sanitaria, por más de tres años y medio, y en la que el tratamiento de oxigenoterapia, dependiente de los gases en cuestión, resultó crucial”.
La ministra de Salud reitera que “la conducta acusada sin duda es inadmisible, por cuanto puede poner en riesgo el acceso a la atención y, con ello la vida y salud de las personas”.
