Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora constituida por los gastos que ha desembolsado el Ministerio de Salud en la contratación de dependencias de Espacio Riesco para albergar a pacientes en medio de la pandemia de Covid-19 que actualmente está afectando al país.
En cuanto al convenio, uno de los contratos suscritos entre ambas partes fue representado por la Contraloría, es decir, se rechazó su toma de razón. Esto se debió a “pagos injustificados” en la prestación de servicios por parte de Espacio Riesco, ya que se habría producido una duplicidad de pagos en algunas prestaciones.
En este contexto el ministro de Salud, Enrique Paris, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se presentaron ante la instancia para entregar detalles sobre los reparos que se han presentado a uno de los contratos.
Sobre la existencia de varios contratos, Zúñiga afirmó que “para arrendar una bodega, es un solo contrato, pero por ejemplo todo el servicio de alimentación, para la contratación del personal, para la seguridad, para comprar medicamentos y habilitar módulos, todo eso requirió una serie de otros contratos que fueron celebrados por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y ahí es donde se hace esta observación por parte de Contraloría donde dice que este contrato tiene cosas que contiene el contrato de arriendo”.
“Eso es el trabajo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en conjunto con la Contraloría Metropolitana están subsanando en la medida que se les está entregando mayor información. Y esa información radica en que, si bien el edificio contaba con un enchufe, con electricidad, detrás de cada cama hay un enchufe que tuvo que ser instalado, detrás de cada baño hay una cañería que tuvo que ser instalada, y esas son las cosas que se están explicando en la Contraloría Metropolitana y que van a permitir que ese contrato se mejore con el objetivo que tome razón”, añadió la autoridad.
Posteriormente se le consultó sobre la celebración de contrato por trato directo y no por licitación, tal como se realizan gran parte de las compras públicas en el país, a lo que sostuvo que en un proceso normal de licitación les toma aproximadamente 90 días concretar la compra, y que “no existía un tiempo para poder hacer una licitación como ocurre normalmente porque necesitábamos tener cuanto antes habilitado el mayor número de camas, de ventiladores, el mayor número de laboratorios”.
“No podíamos oponer el derecho a la salud de la ciudadanía por la alternativa de llevar a cabo una licitación. Y no es que estemos incumpliendo las normativas de las compras públicas, porque precisamente para eso es la alerta sanitaria que se emitió los primeros días de febrero, en donde faculta al Ministerio de Salud y las instituciones que lo componen para poder realizar trato directo siempre y cuando estos sean gastos correspondientes a esta pandemia”, afirmó el subsecretario.
Posteriormente señaló que “hay que tener en consideración dictámenes de la propia Contraloría, que tiene que verse también la salud de la población, cuál es el riesgo de haber realizado una licitación y habernos arriesgado. Y a lo mejor hubiésemos alcanzado, pero finalmente lo que sucedió es que ya el 3 de marzo teníamos el primer caso en nuestro país y obviamente haber tomado la decisión de haber realizado un trato directo, teniendo en consideración todos los requerimientos, para hacer un trato directo”.
“Por lo tanto el trato directo, si bien no es la opción de preferencia de este ministerio, sí a propósito de una situación excepcional como es la peor pandemia de los últimos años, fue la decisión que se tomó, no solamente para este contrato sino que para una serie de otras compras, para preparar a nuestra red asistencial”, afirmó Zúñiga.
