De madrugada y tras varias horas de negociación con el ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, los gremios de gendarmería decidieron deponer el paro de funciones que tenía programado iniciar ayer.
Diversas falencias en materias funcionarias y de condiciones de las cárceles generaron la molestia de los gendarmes, la que se vio acrecentada luego de que uno de sus compañeros fue formalizado quedase con prisión preventiva, a raíz de la golpiza que sufrieron dos internos ecuatorianos, imputados por la muerte de una mujer, al interior de Santiago 1.
La tensión entre los gremios y el gobierno se mantuvo durante toda la jornada de ayer. El lunes los funcionarios habían dado un "ultimátum", a Justicia para que el titular de la cartera se reuniera con ellos, encuentro que se concretó ayer por la noche.
El principio de acuerdo al que llegaron ambas partes consistirá en una mesa de trabajo, la cual se extenderá por 90 días y en la cual se tratarán los problemas denunciados por los gendarmes.
A horas de dicha reunión, Andrés Segovia, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) abordó los principales puntos de la cita con Justicia.
"Ellos están preocupados por el sistema carcelario chileno", indicó en diálogo con CNN Chile, añadiendo que "llevan tres meses instalados en el ministerio y es lógico que no puedan hacerse cargo de una situación que lleva décadas".
Sobre las problemáticas que los afectan, Segovia dijo que "nos urge la criminalización a la función penitenciaria. Lo que le pasó al sargento Palma es una situación que le ocurre a diario a los funcionarios a nivel nacional, han sido imputados muchos funcionarios, principalmente por apremios, tormentos y torturas, y han sido imputados y condenados".
Respecto de las prioridades que abordarán en la mesa de trabajo con Justicia, señaló que se debe trabajar "en la modernización de la carrera funcionaria" y en el tema de "las pensiones de los funcionarios".
Sobre este último punto dijo que "no por el abuso de 20 o 25 autoridades de otras administraciones de Gendarmería, vamos a pagar los costos los 20 mil funcionarios".
Tuvo, además, buenas palabras para el ministro de la cartera, Hernán Larraín, del cual "tenemos la mejor opinión".
"Él está consciente de la problemática, y a nosotros nos inspira confianza el ministro. Por eso queríamos hablar con él, porque tiene las competencias y tiene, de alguna u otra forma, mayores posibilidades que la directora del servicio. Si nos pasaban con la directora pensábamos, y lo mirábamos de esa forma, que el gobierno estaba invisibilizando la problemática penitenciaria".
Finalizando con que el gobierno "tiene la posibilidad de hacer grandes cosas en el sistema penitenciario chileno".
