A más de 70 días de haber asumido como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, explica que han identificado distintos “nudos” en la ruta a una denuncia exitosa por violencia de género, donde la protección llegue a tiempo para las víctimas, o donde las mujeres no desistan del proceso luego de las amenazas de su agresor. Durante la próxima semana la autoridad citará al Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que a nivel central se activará junto a los actores que son parte desde 2009, como el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, la PDI, Sename y el Servicio Médico Legal.
En esta ocasión, Zalaquett sumará a la fiscalía como miembro permanente y a la Subsecretaría de DD.HH., con el desafío de optimizar los tiempos entre una denuncia y la protección de la víctima. “La violencia de género es una violación a los derechos humanos y por primera vez participará el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de DD.HH. Se cita porque hemos hecho un diagnóstico y tenemos que buscar, entre todos, una forma más coordinada para hacernos cargo de algunos nudos que todavía existen”.
¿Cuáles son esos nudos?
Hay una ruta crítica, donde existe ineficiencia y duplicación de procesos de denuncia dentro de las distintas instituciones, lo que hace que quienes acceden a denunciar sufren de revictimización. Además de las mujeres que no denuncian por falta confianza en el sistema. O a veces, entre que la mujer hace una denuncia y fiscalía se pronuncia, pasan semanas. Otro nudo es en las zonas rurales, donde las mujeres están distantes del lugar de denuncia.
Una demanda de los movimientos feministas es la poca seriedad en la toma de la denuncia en Carabineros, por ejemplo.
Tenemos que avanzar de manera rápida para que las mujeres confíen más en el sistema. Estamos intensificando las capacitaciones que hacemos a través de Sernameg a las distintas instituciones, pero para eso va a ser muy importante la modernización de Carabineros. Quiero ser muy honesta: si hemos avanzado es porque todas las instituciones han tomado cada día más conciencia, pero indudablemente todavía existen brechas.
Según cifras del Sernameg, al 17 de agosto tenemos 23 femicidios consumados, y algunas organizaciones ya cuentan 28. ¿Qué viene a resolver la convocatoria a la CIF?
Viene a pensar en cómo le ponemos sentido de urgencia a la violencia de género. En los últimos seis años no ha habido un cambio sustancial en el número de femicidios. Por ello, esta mesa es reactiva, queremos que se incorpore la prevención. He conversado con muchas mujeres, y la dinámica se repite: siento miedo, pero no confío en el sistema. Lo otro que me han relatado es que aquellas que se han animado a denunciar, desde el día que ponen la denuncia, entran en una especie de pánico. Si no logramos que el proceso sea rápido, se active con un sentido de urgencia, vemos que muchas mujeres a las 48 horas quitan la denuncia. Cuando su pareja se entera, o percibe que denunció, las amenazas se incrementan.
O las órdenes de alejamiento llegan tarde.
Claro. Estamos trabajando con el Banco Mundial para generar una plataforma integrada para mujeres víctimas de violencia, que en la práctica sería un registro único. Eso nos permitiría dar una respuesta estatal más eficiente, reducir los tiempos de respuesta e ir mejorando este trabajo coordinado que queremos llevar a cabo entre las distintas instituciones.
Usted señaló que en pandemia se han elevado los llamados por violencia de género en el hogar. ¿Cómo se está abordando?
La tendencia internacional, y que acá no es una excepción, es que se han incrementado los llamados a los canales de consulta jurídica, de contención psicológica, etcétera. Pero la verdadera magnitud de cómo se ha desatado la violencia en los meses de confinamiento la vamos a saber con el tiempo. Una mujer que vive con su agresor, y que está siendo víctima, difícilmente va a denunciar -a menos que sienta su vida en una real situación de peligro-, porque después tiene que volver al hogar con el agresor. Aunque cuando una mujer nos llama en una situación crítica, ofrecemos el traslado a las casas de acogida.
En otro tema, en el balance de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre enero y junio hay una disminución de un 21% de la aplicabilidad de la ley respecto del mismo período 2019. ¿Cuál sería la causa?
Yo ya pedí una reunión al Ministerio de Salud por este tema, porque ya me lo han planteado distintas organizaciones de la sociedad civil, y es tremendamente importante. Hemos visto que toda la red de salud en este tiempo ha estado sobresaturada.
¿Les preocupa que durante la pandemia este derecho se haya visto vulnerado cuando alguna mujer lo haya requerido?
Por supuesto que sí. Yo tengo el compromiso de que todo lo que sea ley de la República debe ser ejecutado con efectividad. Así como hemos dicho tolerancia cero a la violencia, los temas de salud de la mujer y de aborto, donde hay una ley, por supuesto que deben cumplirse. Tenemos que ver por qué bajó (la aplicabilidad de la ley).
