Monsalve confirma que venezolano que atacó a teniente Sánchez tenía orden de expulsión desde 2020 y apunta a Caracas por “débil” colaboración en deportaciones

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos implicados en el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez, tras conocerse que el delincuente que resultó abatido en el hecho tenía una orden de expulsión desde el año 2020, asegurando que la colaboración de Venezuela “ha sido débil” para lograr las deportaciones de regreso.

Las declaraciones de la autoridad se dan en medio de su visita a la Región de La Araucanía, en el marco de la constitución del Gabinete Pro Seguridad con autoridades de la zona, donde se abordaron las diferentes necesidades en la materia.

Consultado respecto a la orden de expulsión vigente que existía desde 2020 para Julio César González Vargas, Monsalve confirmó que el sujeto hizo ingreso por un paso no habilitado al país y que tampoco participó del proceso de empadronamiento impulsado por este gobierno.

“¿Qué ha fallado? El país desde el año 2018 a la fecha, expulsa en promedio 300, 350 personas por año. Esa es la capacidad de expulsión como país”, partió señalando Monsalve, quien abordó las dificultades para deportar a los venezolanos irregulares.

“Evidentemente, porque la principal población extranjera que ha ingresado de manera irregular a Chile, es de nacionalidad venezolana y porque para poder cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere necesariamente la coordinación con el gobierno venezolano, si no, no es posible”, explicó.

En ese sentido detalló que hay dos elementos que resultan primordiales para la expulsión hacia Venezuela: la autorización del ingreso de aviones al espacio aéreo y la corraboración de las identidades de las personas a expulsar por parte del consulado de ese país en Chile.

“Hay dos elementos claves que si no, no se puede expulsar. Uno es que el país permita ingresar al avión que traslada a las personas expulsadas. Si no permite ingresar un avión al espacio aéreo venezolano, no podemos usar un avión chárter o un avión de la Fuerza Aérea para expulsar migrantes. Y lo segundo es que para que se pueda expulsar a la persona, el consulado venezolano en Chile, tiene que corroborar la identidad de la persona que va a expulsar”.

“Y como todos saben el gobierno chileno ha hecho esfuerzos de buscar esa coordinación, para tener esa colaboración, para llevar adelante el proceso de expulsión y esa colaboración ha sido débil del gobierno venezolano”, manifestó la autoridad.

“Durante fines del año 2023 logramos enviar vuelos chárter, pero fue un esfuerzo muy importante para lograr niveles de coordinación que lo permitieran hacer. Evidentemente el clima político que se ha producido en las últimas semanas, hace que esa colaboración sea mucho más difícil y no lo digo solo por los dichos del canciller venezolano (Yván Gil), hay otras cosas que están pasando en Venezuela (...) que hacen que la voluntad de colaboración para un objetivo muy importante para el país, que es que el país pueda expulsar a las personas que ingresaron irregularmente, que pueda tener los antecedentes penales de las personas que están en Chile y que pueda expulsar prioritariamente a las personas que tienen antecedentes penales, algo que es tan importante para el país, requiere vínculos de colaboración que hoy día no son suficientemente fuertes con Venezuela”, añadió Monsalve.

En ese sentido, Monsalve destacó los convenios actuales con países como Colombia, Perú o Bolivia, donde existen acuerdos de colaboración y donde los ciudadanos de esos países pueden ser expulsados en vuelos de las Fuerzas Armadas.

“Eso no lo podemos hacer con Venezuela y mientras no podemos resolver ese problema de relación de colaboración, el proceso de expulsión de ciudadanos venezolanos, en particular, se torna muy complejo”, complementó.