Este sábado, el ministro de Vivienda, Carlos Montes se refirió a los nuevos pasos del Ministerio Público en el avance de la investigación que vincula a su cartera con millonarias transacciones irregulares hacia la fundación Democracia Viva.
Las nuevas diligencias del caso involucran la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex-Frente Amplio), debido a su eventual rol y grado de conocimiento de los millonarios traspasos.
Asimismo, Pérez está siendo sujeto de interés para la Fiscalía en esta investigación debido a su vínculo con los principales imputados por el caso: el líder de la fundación, Daniel Andrade, quien fue su pareja y el otrora seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien había sido su jefe de gabinete.
Es por estos motivos que el jueves, el fiscal Cristián Aguilar solicitó el desafuero de la diputada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta .
Las razones de aquella solicitud, según precisó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, tiene como objetivo poder “avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para la diputada Catalina Pérez, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener, en el caso de la Fiscalía de Antofagasta, su participación en los presuntos delitos que son materia de esta investigación”.
En ese contexto, el ministro Montes, tras ser consultado por el tema, optó por señalar que “yo en general he optado por no ser comentarista de los trabajos que hace el Ministerio Público”.
“Nosotros como ministerio hemos entregado toda la información que tenemos desde el comienzo, le hemos entregado a la fiscalía todos los materiales, y hemos ido mandando tanto a ellos como a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado”, agregó.
Pese a no querer referirse en profundidad, el secretario de Estado valoró el avance de la investigación y la decisión de Fiscalía -dada a conocer a fines de noviembre- de solicitar una ampliación del proceso hasta el primer mes del próximo año.
Según argumentó el órgano persecutor, esto se debería a la tardanza en algunas pericias clave para la indagación.
En ese contexto, el Juzgado de Garantía Antofagasta resolvió fijar para el 21 de enero una audiencia de reformalización de los imputados por el caso.
“Lo que sí es importante es que esto está avanzando, y nos parece muy importante que la fecha que se puso el Ministerio Público de cerrar en el mes de enero se cumpla, porque ayuda mucho al trabajo del Ministerio que esto termine despejándose y clasificándose el origen y lo implicados eventuales que hubieran en toda esta situación”, concluyó.