Esta semana estuvo marcada por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó la prohibición para que universidades pudieran incluir controladores con fines de lucro, como parte de la revisión obligatoria a la futura ley de Educación Superior.

Una determinación que trajo como efecto secundario que dicha restricción no quedara considerada entre los impedimentos para que las instituciones pudieran optar a la gratuidad.

Este nuevo escenario abre la posibilidad para que instituciones, que hoy cuentan con controladores con fines comerciales, como es el caso de los planteles que conforman el Grupo Laureate, puedan sumarse a este beneficio estatal. Dicho holding estadounidense concentra la mayor matrícula del país, con más de 172 mil alumnos y tres universidades: U. Andrés Bello, U. Viña del Mar y U. de Las Américas, además del Instituto Aiep.

Una materia que preocupa al presidente del Senado, Carlos Montes (PS), quien -según sus cálculos- proyecta que de configurarse dicha posibilidad, el costo fiscal de la gratuidad crecería en cerca de 22,8% respecto a lo gastado en 2017.

El ejercicio del senador no es un hecho automático. Para que se produzca, primero debe existir la voluntad de los cuatro planteles señalados, y a eso deberían sumar el cumplimiento de varios requisitos, que en este momento sólo cumplen dos: U. Andrés Bello y U. Viña del Mar.

Esto porque, en el caso de la U. de Las Américas, hoy tiene los cuatro años de acreditación que se exige (cuenta con tres, aunque está en proceso de una nueva certificación), mientras que el Aiep, es un instituto profesional configurado como personalidad con fines de lucro y tendría que transformarse en corporación.

Consciente de esa precisión, Montes proyecta que de la totalidad de la matrícula, en 2019, "69.376 estudiantes (casi la mitad del total de la matrícula), cumplirían con el requisito de pertenecer al 60% más vulnerable del sistema, lo que equivale a aproximadamente $ 137.208 millones (US$ 210 millones)".

El senador PS explica que "los cálculos fueron sobre la base de las matrículas oficiales, y la ecuación que se aplica por los alumnos de los primeros seis deciles (corresponde a estudiantes más vulnerables que tienen este beneficio), y a partir de eso se multiplicó por lo que representa la gratuidad".

El parlamentario agrega que "al levantarse esa restricción (artículo 63) quedarían en condiciones de postular las que tienen controladores con fines de lucro, como el caso de Laureate(...) Cuando se discuten las políticas públicas o las implicancias de decisiones, hay que ver el impacto fiscal que tienen, como en este caso".

Las opiniones del senador Montes son compartidas por el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson, quien afirma que se advirtió esta situación. "La pregunta es si queremos entregarle plata a un saco roto que finalmente no va hacia la calidad de la educación, sino que va a engrosar el retiro de utilidades de los accionistas que pueden estar en Estados Unidos o en otro lado", sostiene Jackson.

En la vereda contraria, el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, se muestra en oposición con las cuentas estimadas por Montes. "Son cálculos evidentemente exagerados, porque él mismo sabe que no todas las instituciones que pertenecen a ese grupo pueden acceder a la gratuidad, y las condiciones tienen que ser parejas para todos y en este mismo caso el suponer que estudiantes vulnerables puedan ingresar a la gratuidad a mí me parece bien, porque no deben haber estudiantes de una categoría u otra", afirma Bellolio.

Para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, es importante verificar la realización de estos cálculos.

"No corresponde incluir instituciones que por definición no pueden entrar a la gratuidad como institutos profesionales con fines de lucro como Aiep e instituciones universitarias que no cumplen el estándar de acreditación como la U de las Américas", explica Rodríguez.