MOP publica llamado a licitación de concesiones de la nueva cárcel de Talca: recinto tendrá una capacidad para 2.320 internos
La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$56 millones y las operaciones comenzarán de manera parcial durante el año, con un número estimado de 400 internos.
Este sábado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el llamado a licitación del proyecto destinado a crear un nuevo establecimiento penitenciario de Talca, en la Región del Maule.
La ministra de la cartera, Jessica López, destacó que “la iniciativa que contempla una inversión cercana a los US$56 millones, en la administración de un recinto penitenciario para 2.320 internos que es muy importante para la seguridad en la región y el país”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero detalló que la cartera que lidera se encuentra trabajando con el MOP “en conjugar la política penitenciaria que este año se va a anunciar por los elementos de infraestructura. Hasta ahora el país ha desarrollado su infraestructura penitenciaria modularmente y sin tener un plan de desarrollo estructural y estratégico en el largo plazo para el sistema penitenciario chileno”.
Según informó la ministra López el recinto será concesionado por casi 30 años, “con el objetivo de entregar un mejor servicio de seguridad y disponer de más espacio para la población penal, así como contar con servicios de apoyo a la reinserción social, salud y alimentación”.
La recepción de ofertas técnicas está prevista para el 24 de mayo y la apertura de ofertas económicas para el 24 de junio. De esta manera, la obra se adjudicará en el cuarto trimestre de 2024 y las operaciones iniciarán de manera parcial durante el año, con un número estimado de 400 internos.
La nueva cárcel de Talca contará con 63.570 metros cuadrados de extensión y 14 módulos de reclusión, segmentados según el grado de peligrosidad de su población. Asimismo, el recinto tendrá ocho garitas de vigilancia y control de acceso vehicular, una escuela con foco en la reinserción social de las personas privadas de libertad, así como las instalaciones destinadas a la salud y alimentación de los reclusos.
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