Ayer por la tarde, el Ministerio de Salud comunicó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto de Alerta Sanitaria para las comunas de Quintero y Puchuncaví, que otorga facultades extraordinarias a la Seremi de Salud para disponer las medidas que estime conveniente, debido a los episodios críticos de contaminación que sólo en un mes ha registrado más de mil casos de personas intoxicadas.

De esas medidas, tres de ellas serán aplicadas de manera inmediata: la prohibición de funcionamiento empresas que no cumplan con estándares; la obligación de las industrias de la zona de disminuir emisiones de Dióxido de Azufre en un 20%, porcentaje que podrá aumentar si las condiciones así amerita; y la restricción total de la emisión de compuestos orgánicos volátiles en períodos de mala ventilación, esto es, cuando sean calificadas de adversas por el Ministerio de Medio Ambiente.

¿Son suficientes esas medidas? A juicio de la fundadora del Movimiento "Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero en Resistencia", Katta Alonso, no.

"Mientras sigamos dependiendo del clima... son insuficientes. Bajar un 20% las emisiones significa que seguiremos con gente intoxicada. Esto ya es un genocidio. Son insólitas", expresó en conversación con La Tercera.

La ministra ha dicho que "no se puede terminar en un mes con más de 50 años de contaminación en la zona"...

—Aquí un problema de todos los gobiernos de turno, que han dejado el problema. Estamos de acuerdo, pero hay que atacar el problema de fondo. El tema es como atacarlo. Lo que pedimos es que parcialmente se pare el parque industrial para fiscalizar de a una, compararla y establecer cómo se produce la contaminación que está intoxicando. No sabemos quien nos intoxica.

Eso es lo que se debió haber hecho, según ustedes

—Llevamos más de un mes y no sabemos qué nos está intoxicando. Mas de un año y medio venimos denunciando. Antes caían de a diez niños, pero no era noticia. Nos decían que 'que el balón de gas de la escuela'... Ahora se están tomando algunas medidas. Pero primero descontaminemos ¡Cómo un parque industrial va a funcionar con un 80% de las industrias que no tienen resolución sanitaria. Cualquier negocio que no la tiene es clausurado. No entendemos. La verdad no enteremos que no dimensionen la problemática que estamos viviendo.

En una declaración pública plantean que "no aceptaremos estrategias comunicacionales que abusen de la incertidumbre y relativicen los síntomas que causa el envenenamiento masivo, como forma de seguir aplazando el problema y agotando el movimiento social" ¿A qué se refieren con esa "estrategia comunicacional"?

—Se está tratando de bajar el perfil a la intoxicaciones cambiando los diagnósticos y diciendo que (los pacientes) están simulando. Eso no es verdad. Hemos estado en el hospital viendo como funciona el cuento, y ayer tuvieron que cerrar porque no hay capacidad. La mayoría eran niños...

¿Y quiénes serían los que están detrás de esta "estrategia comunicacional"?

—Nosotros creemos que es una orden del Gobierno. Vienen médicos desde afuera, y en el diagnóstico ponen los síntomas: gastritis, cefalea... Creemos que le bajan el perfil, que es una orden gubermanental.

¿Qué acciones está llevando el movimiento que usted encabeza?

—Ya denunciamos este año ante la ONU las violaciones de los derechos humanos en esta zona, junto con las otras zonas de sacrificio. Hay denuncias conjuntas y de cada una por separada. Ahora estamos en Santiago en un par de seminarios, denunciando lo que está pasando en diferentes instancias y seminarios. Y vamos a seguir.

La declaración tras el anuncio de las medidas del gobierno

Hoy 25 de Septiembre, segundo día de vuelta a clases, sabemos que ya van cerca de 180 intoxicados de las dos comunas que tienen colapsado el Hospital de Quintero. Nadie queda indiferente al ver cómo nuestros niños y niñas ven afectada su calidad de vida y salud por el negligente actuar de los vecinos industriales que tenemos.

El día de ayer, 24 de Septiembre escuchamos con atención las medidas tomadas por el gobierno central a través del Ministerio del Medio Ambiente, respecto a la implementación de la alerta sanitaria en nuestra bahía, lo que permite suspender faenas contaminantes del parque industrial según las condiciones de viento y clima, y del que las empresas voluntariamente paralizarían sus faenas contaminantes. Después de un mes de estar bajo una crisis socioambiental que hasta hoy es latente, este acto es lo mínimo que deberían haber realizado. La Ministra Schmidt explicó además que "las intoxicaciones que hemos visto en la zona han sido por peak de mala calidad del aire por concentración de emisiones en momentos de mala ventilación atmosférica". Cuando la ministra dice que las intoxicaciones se producen por peaks de concentración, le queremos decir a que hasta hoy esos peaks en el año han sido una treintena, es decir que cada 10 días aproximadamente vivimos alguna situación de contaminación atmosférica porque el clima no fue favorable para que la comunidad pudiera respirar tranquila….

La alerta sanitaria es un paso, pero no es la solución al gran problema, pues vemos como el gobierno central se sienta a negociar con las empresas del cordón industrial para que "colaboren" y no es capaz de sentarse ni recibir las propuestas de las organizaciones sociales.

Respecto a los purificadores de aire, que sabemos no cumplen con su función pues deben ser instalados en lugares aislados herméticos medioambientales, y además que no serán instalados en cada sala de clases sino en lugares específicos de cada colegio donde estén todos los estudiantes juntos en "zonas de seguridad medioambiental", además de usar los dineros municipales destinados a educación para otros fines es una medida que no tranquiliza a quienes tenemos hijos e hijas en etapa escolar. Creemos que es una medida irrisoria, pues claramente avala a que las empresas sigan contaminando a diestra y siniestra.

En relación a la norma horaria establecida por el gobierno donde solo es para Dióxido de Azufre y Arsénico con niveles internacionales de desarrollo sustentable, aún queda la interrogante de cuales serán los estándares de tales normas, lo hemos dicho fuerte y claro, exigimos normas OMS y europeas. Esto es deficiente y pobre, necesitamos para todos los metales, MP10, MP2.5.

Saludamos a la ministra que después de un mes exigiéndolo, se dio cuenta que las que deben parar son las industrias y no nuestras vidas. Pero también le decimos que después de 50 años de contaminación sí se puede terminar con el agente contaminante que nos tiene en esta situación desde hace un mes. Lo que pedimos son medidas concretas, posibles ya implementadas y estipuladas a nivel internacional por los organismos correspondientes, son medidas ejecutables frente a las cuales se necesita de voluntad política para llevarlas a cabo.

Hoy se ha visibilizado la transgresión al derecho humano de vivir en un ambiente libre de contaminación que afecta desde más de medio siglo a la Bahía de Quintero-Puchuncavi; no obstante este es un problema nacional. Chile tienen puesto los ojos en las medidas que el gobierno ejecute frente a este problema. La Bahía de Quintero-Puchuncavi y la población chilena en general, está atenta a cómo el Estado garantiza las condiciones para el desarrollo humano de su población; componente fundamental del desarrollo sustentable. En este sentido, no perdemos de vista que se debe reparar el daño y la transgresión, ya que se han vulnerado los derechos humanos de las generaciones futuras, ya que un gran porcentaje de los casos de intoxicación, corresponden a menores de edad pues sabemos que hasta el 10 de septiembre los menores intoxicados fluctúan entre los 9 y 15 años.

No aceptaremos estrategias comunicacionales que abusen de la incertidumbre y relativicen los síntomas que causa el envenenamiento masivo, como forma de seguir aplazando el problema y agotando el movimiento social. Existen los estudios y las redes nacionales e internacionales para tomar una decisión política consciente y sustentada científicamente; además de una ciudadanía cada día más organizada y consciente del problema a la que se le debe vincular en la toma de decisiones.

Por último, no aceptamos la criminalización del movimiento social que ha levantado la comunidad, vecinos y vecinas de Quintero y Puchuncavi que con rabia y la impotencia vemos cómo nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro ecosistema está siendo transgredido diariamente por una industria indolente y avara que no le importa la vida, industria protegida diariamente por FFEE quienes protegen los intereses económicos de algunos por sobre la salud de más de 50 mil personas.