Moya tenía en su casa 12 celulares y discos duros de computadores de dos jueces de Rancagua

Los objetos -celulares, discos duros y carpetas de investigación- encontradas por la PDI durante el allanamiento realizado el miércoles 8 en la casa del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, preocupó en más de un sentido a las autoridades del Ministerio Público.

Por una parte, uno de los fiscales de mayor trayectoria en la institución era blanco de una diligencia intrusiva, lo que ya afectaba la alicaída imagen de la institución, sumida en una guerrilla interna tras la denuncia de Moya a su superior jerárquico, Emiliano Arias.

Pero, por otro lado, se registraba el hallazgo de evidencias que deberían haber estado en manos de la fiscalía y no en la casa del investigador.

Según señalaron fuentes policiales durante el registro al domicilio del fiscal, ubicada en la VI Región, la PDI incautó 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, quienes son investigados por una serie de delitos vinculados a actos de corrupción.

El domicilio y la oficina de Moya fueron allanados por orden de la jueza Viviana García de Temuco luego de que el persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, le solicitara la medida intrusiva basándose en el correo electrónico que entregó el fiscal Emiliano Arias durante el interrogatorio al que fue sometido por su homólogo Eugenio Campos tras la denuncia por tráfico de influencias y develación de secreto de causas penales presentada el 19 de abril por el propio Moya.

La diligencia, que fue tramitada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, encendió inmediatamente las alarmas en Ministerio Público. La preocupación está basada en que si las evidencias no contenían la cadena de custodia respectiva es probable que lo que se encuentre en esos dispositivos tecnológicos no pueda ser ocupado en la indagatoria contra los magistrados, provocando un daño mayor que podría ser usado a favor de las defensas de los jueces.

Dos día después del allanamiento a su domicilio -a través de un escrito-, Moya dio cuenta al Juzgado de Garantía de Rancagua que dichas evidencias estaban en su domicilio debido a que ese mismo día se las iba a llevar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, lugar donde iba a funcionar, hasta ese día, su nueva oficina, y que los celulares correspondían a los abogados que tenían vínculos con los magistrados.

Tras el allanamiento el fiscal nacional, Jorge Abbott, le quitó a Moya las causas y lo devolvió a la VI Región.