A pesar de una fuerte campaña realizada el año pasado por el Ministerio de Transportes para frenar la evasión del pago del pasaje en los buses del Transantiago, la cantidad de infractores alcanzó las 96.267 personas citadas en 2017, lo que equivale a un 41,3% más que el mismo periodo anterior, de acuerdo a un informe solicitado a través de la Ley de Transparencia.
El reporte establece que el plan "antievasión" incluyó 1.151.675 controles a los usuarios, mientras que el año anterior fueron 1.368.906 fiscalizaciones, donde se detectaron 68.091 personas que fueron citadas a los juzgados de Policía Local. En el Programa de Fiscalización del ministerio se explica que los operativos fueron más efectivos, porque Carabineros y los fiscalizadores de las empresas actuaron juntos y se enfocaron en servicios críticos. El registro indica que en las comunas donde se concentra esta conducta son Santiago Centro, Puente Alto, La Florida y Estación Central (ver tabla).
Las ex autoridades de la cartera afirman que el año pasado se detectó a más infractores, pero también se produjo una baja en el índice de evasión, el que pasó de 34,6% a 23,7% en un año (dos de cada tres viajeros no cancela). Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes y académico de la U. Diego Portales (UDP), dijo que lo anterior se relaciona con que "al controlar mejor se da un efecto disuasor en los pasajeros y todos comienzan a pagar, lo que se observó durante todo el año".
El gobierno espera que esta mala conducta decaiga con la entrada en vigor de la nueva ley, que crea un registro de evasores, el que podrá ser consultado hasta ocho veces por año y que hará que los inscritos no puedan obtener licencia de conducir ni pase escolar si tienen esta deuda impaga. También aumentarán las multas (a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales) y se espera agilizar el trámite en los juzgados de Policía Local para que los pagos se hagan efectivos.
Carlos Melo añade que la ley regirá 60 días después de que se elabore un reglamento, borrador que quedó en manos de las nuevas autoridades. Felipe Clark, gerente de Alto Evasión, sostiene que los infractores "hoy no pagan las multas, lo que debe ser corregido, por lo que hay que chequear la dirección de las personas para notificarlas". Agregó que la autoridad debería analizar, además, que la sanción pecuniaria se cancele en el momento, como sucede en Europa.
