Mundo judicial en pie de guerra por baja en presupuestos: Suprema se une a preocupación de Fiscalía tras año marcado por temas de seguridad

Alta preocupación y molestia se ha expresado por estos días tanto en tribunales como en dependencias del Ministerio Público respecto de los reajustes preventivos que está haciendo el Ejecutivo sobre el presupuesto de una serie de reparticiones públicas.

Y es que si bien durante los últimos días el primero en encender las alertas fue el fiscal nacional, Ángel Valencia -que incluso aseguró que la rebaja de más $ 7.000 millones que afectará a la institución que comanda impactará el combate del crimen organizado-, hoy fue el turno del mandamás del Poder Judicial, Ricardo Blanco, quien también esbozó su inquietud por la reducción de más de $ 17 mil millones que tendrían que enfrentar.

Al igual que el máximo persecutor, el presidente de la Corte Suprema se enteró de la determinación el viernes pasado, justamente por medio de un llamado de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Tras ello, llevó el asunto al pleno ordinario celebrado la tarde del lunes 13 de enero, donde los ministros acordaron que debían pronunciarse públicamente sobre la decisión.

Por lo mismo, a las 13 horas de este martes los titulares del máximo tribunal se dieron cita en un nuevo pleno -esta vez de carácter extraordinario-, donde consensuaron una declaración de seis puntos donde relevaron cualquier rebaja que se aplique podría poner en serio riesgo el trabajo de los tribunales.

Se “afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación (...) Está Corte Suprema, por intermedio de su Presidente y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, con el objeto de revertir esta situación o aminorar sus efectos dañinos para el servicio judicial. No obstante, es nuestro deber alertar a la comunidad toda de la grave situación que enfrentaremos durante el presente año, de no revertirse la medida anunciada”, manifestaron.

En concreto, como se lee en la comunicación, la rebaja vendría a empeorar la situación “límite” en que trabajan los tribunales actualmente en cuanto a su dotación; afectaría la renovación de contratos de servicios de guardias, de aseo y de mantenimiento en general; y también podría en riesgo la adecuada renovación de licencias para la operatividad y seguridad informática de los sistemas computacionales.

Dado que uno de los tres ítems donde se realizarían recortes en el Poder Judicial sería en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, la vocera de la Suprema, María Soledad Melo, manifestó que no tendrían dinero para hacerse cargo de las suplencias que el Poder Judicial requiere cuando, por ejemplo, jueces se enferman o hacen uso de sus feriados legales. Indicó, de hecho, que con los fondos tendrían cubierto el primer semestre, pero presentarían inconvenientes desde el séptimo mes del año en adelante.

En ese sentido, Melo recalcó: “No solamente nos vemos afectados nosotros (...) Y si nosotros nos vemos afectados con que hay falta de jueces, de funcionarios, va a haber una mayor carga de trabajo. Puede haber mayores licencias médicas, y no vamos a tener gente que supla, porque no vamos a tener recursos. De alguna manera y directamente, por supuesto, se van a ver afectados los usuarios del servicio judicial”.

De la misma forma, insistió en que se han dictado una serie de leyes que han aumentado la competencia de los tribunales, sin que se financie un aumento de jueces para el sistema.

“El Poder Judicial ha tenido que afrontar aquellas nuevas tareas con los recursos existentes. Y si ahora vamos a reducir los fondos para suplencia, ustedes comprenderán que va a ser más difícil poder entregar ese servicio oportunamente y ahí es donde se ve afectada la ciudadanía, principalmente en materia de familia, laboral”, manifestó.

Melo hizo presente que no se puede obviar la sobrecarga que hoy tiene el sistema, pues “a veces esta no es asumible”.

Si bien el asunto de las rebajas ya había sido abordado por los fiscales regionales la mañana del lunes, en un encuentro por Zoom con el fiscal nacional, el tema volvió a estar sobre la mesa. Esta vez, marcando la cuenta pública que rindieron los persecutores titulares de la Región Metropolitana.

Es que más allá de las cifras que dieron a conocer los representantes de las zonas Centro Norte, Sur, Occidente y Oriente, el presupuesto fue protagonista. De hecho, en medio de su comparecencia ante los medios, Valencia enfrentó una serie de consultas sobre si la determinación podía o no deberse a “represalias” por las indagaciones que llevan, como lo expresaron los presentes en la cita que convocó de urgencia.

“No tengo antecedentes objetivos y concretos que me permitan hacer una afirmación tan grave como esa, pero negar que hay voces internas que tienen temor en torno a aquello, estaría faltando a la verdad. Ha habido voces internas de buscar explicaciones”, manifestó.

De igual forma, el máximo persecutor insistió en que están ante una medida compleja que no tendría impacto real en el gasto fiscal, pero sí uno certero en el trabajo que día a día realizan. Acto seguido, los persecutores regionales lo secundaron.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, sostuvo que veía “con la misma preocupación” lo expresado por Valencia respecto al presupuesto, mientras que Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, advirtió: “Nos preocupa bastante porque si bien el ECOH actual está financiado, no existe un financiamiento para el futuro”.

Marcos Pastén, fiscal regional Occidente, por su parte, recalcó: “Muchos de estos recursos ya estaban disponibilizados. Por lo tanto, la rebaja que se realiza nos provoca un problema (...) La realidad de los hechos demuestra que esto es un problema serio y esperamos que pueda solucionarse”.

Quien también tuvo palabras para la reducción presupuestaria fue el director de Asuntos Legislativos y Públicos de la Asociación Nacional de Fiscales, José Manuel Mac-Namara, quien afirmó que este es un acto de “menosprecio respecto a la labor que desarrolla el Ministerio Público, al considerar que para efectos de seguridad los únicos entes que son prioritarios es la PDI, Carabineros y Gendarmería. Ya sea por omisión o voluntario, es bastante grave”.

En conversación con La Tercera, además, indicó que ahora están a la espera de que el gobierno tome medidas “rápidamente”, se reconozca el error y enmiende el rumbo. “En el Ministerio Público no hay ninguna persona que sobre. Un recorte en el ítem de personal, influye derechamente en que si un funcionario o fiscal falta no puede ser reemplazado. Eso redunda en retraso en las investigaciones y en la calidad de las mismas”, concluyó Mac-Namara.

Frente a los planteamientos, específicamente en torno a los realizados por representantes del Ministerio Público, la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó polemizar y apuntó que “los recortes están afectando a todo el Estado”. Recordó, además, que “se acordaron en el Congreso, se aprobaron transversalmente”.

Asimismo, aseguró que desde la cartera que dirige, “lejos de tener disputas”, lo que existe con la Fiscalía es un trabajo conjunto para combatir “mano a mano el crimen organizado, enfrentando la ola de homicidios, buscando mejorar los indicadores de imputados, de formalizados y de condenados en los delitos más graves y hemos avanzado muchísimo y en esa línea tenemos que seguir avanzando”.

Reafirmó, en ese sentido, que para 2025 se incrementaron los recursos para el Equipos de Crimen Organizado y Homicidios en un 23%.

“Nosotros, como todo el mundo, lamentamos cada vez que hay recortes en todas las instituciones, no sólo en la Fiscalía. Hay recortes en el Ministerio de Transportes, hay recortes en el Ministerio de Obras Públicas, nosotros mismos como Ministerio del Interior tuvimos recortes. Los únicos que no tuvieron fueron las policías, por una parte, y algunas áreas del sector salud, por su sensibilidad. Y vamos en el camino a buscar maneras de recuperar eso, porque aquí la apuesta que ha habido por la seguridad no se va a abandonar, y eso se ha traducido en recursos y en muchas otras cosas más, y en el trabajo conjunto”, subrayó.