Hasta el Palacio de Tribunales llegaron miembros de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago para anunciar la presentación de un recurso de protección contra el municipio acusando el no pago de asignaciones de más de 140 trabajadores.

"Estamos presentando un recurso de protección contra el municipio de Santiago por el no pago de una de unas asignaciones que le adeudan a 144 trabajadores, que son aproximadamente $ 260 millones, con un promedio de $ 2,5 millones por cada funcionario", indicó a La Tercera el vicepresidente de la asociación, Eduardo Pastene.

El dirigente explicó que "esto se debe a unas platas que debieron haber sido pagadas en el 2016 y 2017, y por un error de cálculo de la Contraloría se dejó de pagar y hemos solicitado desde abril de este año que se regularice esta situación y que se paguen los montos pendientes. Lamentablemente la municipalidad solamente accedió a pagar una parte de esto que corresponde a diciembre del año pasado, pero quedó pendiente todo 2016 y 2017".

Pastene sostuvo, además, que "esperamos que la Corte acojan los planteamientos que tenemos, porque es un derecho adquirido por los funcionarios (...). Y en el caso de que la Justicia no reconozca estos planteamiento, nosotros vamos a evaluar, en su minuto, cuáles son las acciones a seguir".

Al ser consultados por La Tercera, desde la municipalidad de Santiago indicaron que "la diferencia en el monto del pago del bono correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión 2016, se produjo por un error de su cálculo, debido a que los montos considerados por la Contraloría General de la Republica estaban equivocados".

Agregaron que "lamentablemente, la Ley establece que el derecho a cobrar las asignaciones, prescribe a los 6 meses desde que se hicieron exigibles. En este caso, el requerimiento de las asociaciones al Municipio de Santiago, se produjo recién en el mes de mayo pasado. Este es un tema estrictamente de derecho y de interpretación exclusivamente jurídica, por lo que no hay conflicto con los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad, sino solo una diferencia de interpretación legal de la normativa administrativa, que amerita la intervención de los Tribunales de Justicia".

Finalmente, indicaron que "hacemos presente que la voluntad del alcalde ha sido siempre pagar lo que corresponde a sus funcionarios, por lo que no vemos conflicto en esta acción judicial, y entendemos que ella solo busca resolver civilizadamente este tema y, en caso que se resuelva a favor de los recurrentes, nosotros vamos a proceder según lo determine la justicia".