Llamas arrasando casas en los cerros de Valparaíso, en 2014, con un resultado de 11 mil damnificados; un megaincendio forestal en la zona centro sur del país, de 2015, con casi 500 mil hectáreas quemadas. Estos son algunos de los recuerdos que han dejado incendios fuera de control durante los últimos cuatro años. Y aunque las autoridades se comprometieron a tomar medidas preventivas, al día de hoy no todos parecen haberlas cumplido.

Según una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), menos de la mitad de las municipalidades de las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío declararon contar con un Plan de Protección Civil vigente.

Estos planes son los programas en los cuales los municipios disponen lo que se debe hacer ante una emergencia, desde la distribución de recursos y organización de los servicios de emergencia (ambulancias, bomberos y hospitales) hasta el mapeo y señalización de las rutas de escape.

En estas cinco regiones hay 155 municipios. De estos, solamente 70 indicaron que cuentan con un Plan de Protección Civil, es decir, el 45%. Las restantes no tienen aquel plan o no entregaron información.

Desde el CPLT resaltan la diferencia entre el Plan de Protección Civil y el Comité de Protección Civil. El primero tiene que ver con el desarrollo de un plan estratégico documentado que puede ser puesto en marcha en caso de emergencias; el comité, en cambio, es el encargado de ejecutar las acciones in situ para mitigar la emergencia.

Para Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, el tema tiene que ver con la actualización de los procedimientos en casos de emergencias, pero también con el acceso a la información: "Como el impacto emocional, social y económico de los incendios forestales que afectaron a parte importante de la zona centro sur de nuestro país fue profundo, sostenemos que era necesario focalizar nuestros esfuerzos en uno de los aprendizajes clave, que es la prevención. Además, creemos que no mantener vigentes estas herramientas está al borde de la negligencia".

En base al acceso a esta información la institución elabora una calificación para los municipios. En el levantamiento de datos de este año, 18 municipalidades tuvieron un 0% de cumplimiento.

Entre estas, siete no respondieron, nueve respondieron en un plazo posterior a 30 días, un municipio envió respuesta de otro solicitante y el último no adjuntó respuesta.

Para Ricardo Toro, director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), es una prioridad que los municipios cuenten con estas adecuaciones: "Las emergencias se combaten con la estructura del Estado y con la acción coordinada del Sistema Nacional de Protección Civil. Cada uno aporta capacidades para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el medioambiente ante emergencias, bajo los principios de ayuda mutua y uso escalonado de recursos. Todo ello es coordinado por la Onemi. En este contexto, las municipalidades tienen la responsabilidad de identificar las amenazas a las que están expuestas de acuerdo a su realidad territorial y de elaborar los planes de prevención y de respuesta".