Este lunes la fiscalía de Atacama solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del diputado Jaime Mulet (FRVS), y contra quien busca formalizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por presuntamente haber asesorado al alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, quien fue imputado por fraude al Fisco al recibir US$ 7 millones a cambio de desistir de un juicio ambiental en contra de la Minera Candelaria. Junto con eso, el Ministerio Público cuestionó los dichos del diputado en contra de la investigación y los fiscales, a quienes acusaría administrativamente ante el nuevo fiscal nacional.
El 2021 el Ministerio Público pidió formalizar al fundador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), siendo postergado este proceso en tres ocasiones y la audiencia quedó fijada, finalmente, para este jueves 6 de octubre.
En el documento ingresado ante el tribunal de alzada, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat señala que “se ha iniciado una investigación criminal en contra del diputado señor Jaime Mulet Martínez, que en la que existen presunciones fundadas de su participación en los delitos de cohecho, reuniéndose una gran cantidad de antecedentes que permiten solicitar a usía ilustrísima que declare que se hace lugar al desafuero del indicado Diputado para todos los efectos legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 416 inciso segundo del Código Procesal Penal”.
A través de un comunicado, esta tarde, el Ministerio Público aseguró que la misma fiscalía es quien solicitó la audiencia de formalización para Mulet el 5 de abril de 2022 “ocasión en la cual Mulet Martínez no compareció pese a encontrarse legalmente notificado, alegando su abogado defensor, que su cliente asistiría a la audiencia sólo una vez que fuera desaforado, lo anterior, pese a que la Ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario”.
En esa línea, agregan que ante la “negativa del Diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama solicitó su desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, a objeto de compeler al parlamentario a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera, evitar que dicha investigación continúe dilatándose injustificadamente”.
Finalmente, agrega que durante toda la investigación -que comenzó el 2016- “se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del Diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente”.
Ante la solicitud de desafuero, la tarde de este martes el diputado afirmó: “me alegro mucho que haya sido acogida mi solicitud de que se presente el desafuero por parte del Ministerio Público porque no me cabe la menor duda que en una sede judicial va a quedar absolutamente clara que no tuve ninguna participación ni ilegal ni ilícita en esto donde me ha involucrado un fiscal de la República de manera ilícita”.
Los cuestionamientos al diputado
Durante el fin de semana, Mulet señaló en La Tercera que mantenía una serie de declaraciones que lo desvincularían del caso, ya que en uno de los testimonios del fallecido alcalde -murió el 2021-, este señaló que el diputado le ofreció $400 millones para que levantara una medida judicial que impedía el pago de los honorarios de asesoría a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones.
Las pruebas que Mulet dice tener consisten son cinco testimonios que señalarían que el exalcalde habría confesado ante terceras personas que recibió presiones por parte de los fiscales para culpar a Mulet, lo que le habría permitido lograr el cambio en su medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva.
El parlamentario de Chile Digno afirmó que estas declaraciones “evidencian una situación contumaz por parte del Ministerio Público, donde coaccionan a una persona que llevaba más de 60 días privada de libertad, enferma, para que me involucre, que invente cosas en mi contra”.
Sin embargo, la fiscalía regional de Atacama sostuvo que “rechaza las insistentes declaraciones formuladas por el parlamentario a través de medios de prensa, en las cuales efectúa una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado, ya que representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito, con estricto apego a la normativa Constitucional y legal que rige su actividad, teniendo como premisa básica que en Chile, nadie está ni debe sentirse por sobre la ley”.
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