Fue el 16 de noviembre de 2023 cuando el Juzgado de Familia de Iquique resolvió un asunto que terminaría marcando los siguientes dos años de un menor de edad que sufriría graves vejámenes contra su integridad.

Esa vez la mujer, identificada como Glenda Espinoza, de 51 años, obtuvo la custodia del niño de 13 años, luego de que esta denunciara a su expareja por violencia intrafamiliar. Según dijo la mujer, la violencia habría ocurrido contra ella y contra el niño, quien es su hijastro. “Téngase por recibida denuncia de hechos que podrían ameritar la aplicación de una medida de protección a favor de (el nombre del menor)”, se lee al inicio de la resolución dirigida por el juez Claudio Lillo.

Así las cosas, el tribunal decretó que el padre abandonara inmediatamente el hogar que compartía con la mujer y su hijo, ubicado en calle Chamiza. Se decretó que lo hiciera en compañía de carabineros, “retirando sus enseres estrictamente personales y de trabajo”. Con ello, el cuidado personal provisorio, dice la resolución, lo ejercerá Glenda Espinoza. Asimismo, esa vez el tribunal ordenó una prohibición de acercamiento del padre para con el menor de cualquier tipo, “incluso mediante plataformas virtuales”.

Tras ello, el hombre salió de ese hogar y encontró trabajo en Constitución, Región del Maule, mudándose de Iquique. Fue allí cuando se inició lo que a juicio del Ministerio Público terminó siendo un calvario para el menor de edad.

Posteriormente, el 26 de agosto de 2024 se realizó otra audiencia en el mismo tribunal, donde se confirmó la custodia de la mujer “por el lapso establecido para estos procedimientos de 1 año, ello sin perjuicio de las acciones ordinarias que los demás adultos o referentes puedan intentar”. Eso sí, en esa audiencia se le otorgó al padre la posibilidad de comunicación con su hijo mediante vía telemática “siempre centrado en el respeto y protección del preadolescente”.

Allí, en un punto 3, se lee que se ordenó la mantención del niño en un programa de una corporación enfocada en la protección de niños, niñas y adolescentes, que tenía la misión de re vincular al menor de edad con otras figuras de sus redes familiares.

La jueza también ordenó que el colegio donde estudiaba el niño hasta ese momento, donde luego fue descontinuado, mantuviera a la vista la situación del niño e informara de cualquier situación de riesgo o amenaza a su integridad. Ninguno estos dos últimos puntos se cumplió.

Detalles de la formalización

El sábado 12 de abril, la fiscal Paula Arancibia formalizó a la mujer por el delito de homicidio frustrado. De acuerdo al relato de la fiscal, entre el 16 de noviembre de 2023 y hasta el 9 de abril del año 2025, “en varias oportunidades la imputada golpeó a la víctima con un palo en la cabeza, hasta provocarle heridas abiertas en su cabeza”.

Los ataques de la mujer, señaló la fiscal, incluyeron un ataque con un cuchillo, el cual le enterró en un brazo, “sufriendo a consecuencia de ella una hemorragia que tuvo que ser atendida por personal médico”. En otra ocasión lo habría agredido con un martillo, con una plancha caliente y con un cordón de algodón, con el cual lo asfixió por varios segundos. Ese último hecho ocurrió en abril de este año.

El maltrato también fue de manera psicológica y consistió en “tratos humillantes, vejatorios o degradantes, explotación y limitación de sus derechos, como no darle alimentos por días y alimentarlo con sobras de la casa, desescolarizarlo desde agosto de 2024 hasta la fecha”.

Según dijo la Fiscalía, quien mostró videos en la audiencia, la mujer le señalaba al niño que estaba “endemoniado” y que era un “psicópata”. Continuando con el relato de la persecutora, en una ocasión le suministró medicamentos sedantes provocándole una pérdida de consciencia, “lo que no fue suministrado por ningún facultativo, esto fue deteriorando la salud del adolescente”.

Al momento de ubicar al menor de edad, este pesaba 39 kilos. Según el relato, estuvo 6 días sin comer y 3 días sin tomar agua. Tampoco le habría permitido que ingresara al hogar y lo hacía dormir en el patio.

“Su actuar no solo incumplió el deber legal que le imponía su rol de garante, sino que además deliberadamente omitió todo auxilio o protección, aun teniendo plena conciencia de que sus acciones ponían en peligro real y concreto la vida del niño”, señaló la Fiscalía.

Por su lado, el abogado defensor señaló que los hechos denunciados no eran “reales”. Según su interpretación, en los videos se ve un niño “jugando. En ningún momento el niño estaba siendo maltratado u obligado a ser prácticamente un esclavo, como se propuso por el ente persecutor”.

Por su lado, el padre habría recibido comunicaciones de que su hijo estaba en “malas condiciones”. Sin embargo, dicen conocedores del caso, cuando se comunicaba con su hijo vía telemática la imputada ingresaba al menor a la casa y lo obligaba a que no dijera qué le estaba ocurriendo.

El magistrado Vicente Muratori ordenó la prisión preventiva para la mujer y decretó un plazo de 90 días de investigación. Por último, este lunes el Juzgado de Familia de Iquique determinó que la custodia del menor quede radicada por un plazo de 30 días con un “tercero significativo” a la espera de evaluaciones familiares.

Con todo, el tribunal ordenó apoyo sicológico para el menor de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.