La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público (MSP) convocaron a una jornada de paro nacional para este jueves 28 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. La movilización se dará con tres puntos relevantes de contexto.
El primero de ellos es que han transcurrido pocas semanas desde el dictamen de Contraloría que obliga a los trabajadores públicos a contrata, en caso de ser despedidos, a no reclamar más en dicha entidad, sino en los tribunales de justicia. El segundo tiene directa relación, toda vez que este viernes 29 de noviembre las reparticiones públicas deben notificar la renovación o no de trabajadores bajo esta figura. Y, por si fuera poco, el llamado a paro también se da cuando las tratativas por el reajuste salarial del sector público están en ciernes.
“En defensa del empleo público y la estabilidad laboral”, se lee en la convocatoria.
A través de un comunicado, la ANEF reafirmó su postura contraria al cambio en el principio de “confianza legítima” impulsado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien a través de una resolución estableció que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, no podrán reclamar en Contraloría, por lo que deberán recurrir a la justicia. Desde emanado el documento los trabajadores se han mostrado contrarios y, según los propios dirigentes, los empleos que podrían verse afectados son los auxiliares y técnicos administrativos de municipalidades, gobernaciones y de la Atención Primaria de Salud (APS), los que, dicen, se ven expuestos a mayores rotaciones en sus directivas.
Por lo mismo, desde la semana pasada han mantenido reuniones periódicas con representantes de Hacienda y Trabajo para llegar a un acuerdo respecto a la medida de Contraloría. Y, como se ha dicho, a esto suman la petición de un reajuste en los sueldos del sector, pero también exigen al gobierno que cumpla con los compromisos de la Agenda Laboral, entre jornada laboral de 40 horas y una ley Permanente de Trabajo Híbrido en el Estado.
Para abordar esto último desde las 10 de la mañana de este miércoles los dirigentes se reunieron con representantes de los ministerios de Hacienda y Trabajo, quienes, acorde a conocedores de la cita, expusieron una presentación económica sobre el estado fiscal actual del país para moderar las expectativas. Las mismas fuentes dicen que no hubo intentos por frenar la movilización de este jueves, para “respetar” la autonomía de los sindicatos.
Las discusiones en torno al pliego de negociación que los trabajadores del sector público entregaron el pasado 15 de noviembre al gobierno tampoco se han dado. Entre las demandas figuran un reajuste salarial real del 3% (por sobre el IPC acumulado en los últimos 12 meses), y mejoras de los diversos bonos como son Navidad, Fiestas Patrias, Vacaciones, Término de Conflicto, entre otros.
Al respecto, el presidente de la CUT, David Acuña, expresa a La Tercera que se espera que la discusión comience este viernes 29, día en que las asociaciones se reunirán formalmente con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para debatir y analizar la propuesta de los trabajadores en una primera mesa de negociación. Eso será a las 15 horas.
“Necesitamos certeza de que se hará un reajuste de nuestros sueldos en base al IPC para el año que viene. Hoy los reajustes que hemos tenido no se condicen con los cambios económicos ni la realidad del país, es más: hemos quedado por debajo de este indicador”, agrega.
En el Ministerio del Trabajo, en tanto, dicen que la ministra Jara mantiene contacto permanente con los dirigentes y una relación fluida, lo que no evitó que la autoridad se mostrara crítica ante la movilización, haciendo hincapié en “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir”. Por otro lado, agregó, “cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Así que yo haría un llamado a que, si hay una molestia por las palabras de la oposición, o de la derecha más bien dicho, en torno a la solicitud de reajuste de los funcionarios públicos, ojalá se lo hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía la que tenga que asumir este costo”.
Y es que sobre el reajuste del sector público, la oposición ya dijo que va a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores.
Dictamen de Contraloría
Otro de los puntos relevantes para el sector público, dicho está, es el dictamen de Contraloría.
“Lo vemos con preocupación. Fue emitido de manera unilateral por la contralora Dorothy Pérez, vulnerando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado”, dijeron en su momento desde la CUT y la ANEF.
Las críticas también provinieron de parlamentarios. La senadora Yasna Provoste, por ejemplo, llamó en X “a la nueva Contralora a que reconsidere su decisión. “Esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país”, dijo.
Por su lado, la diputada Ana María Gazmuri mencionó que “es una mala señal que la nueva contralora comience con un tropiezo su nueva gestión, eliminando por decreto la posibilidad que tenían los trabajadores públicos a contrata de acudir a Contraloría para pedir la confianza legítima, medida que los protegía de despidos injustificados”.
Según sostuvo el presidente de la CUT, la de este jueves “solo sería el comienzo” de una escalada de movilizaciones para llegar a un acuerdo.
