
“No me contestó nunca más los whatsapps”: la declaración de abogada del CDE sobre el rol del exfiscal Guerra en el caso Penta
Luppy Aguirre recordó ante Fiscalía que ella quedó "muy asombrada" con la decisión que tomó el exfiscal regional cuando desechó el delito de cohecho en el caso Penta.
Hubo un momento en la investigación del caso Penta donde se produjo un quiebre entre la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Era 2018 y el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, decidía poner fin a la investigación contra los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, acordando un procedimiento abreviado y una pena de cuatro años en libertad.
La decisión, han señalado quienes integraban el CDE, los tomó por sorpresa, más aun considerando que en la reformalización de Pablo Wagner eliminó el delito de cohecho, sustituyéndolo por enriquecimiento ilícito.
Además, Guerra retiró varios hechos presentados a lo largo del caso. Con la eliminación del cohecho, el CDE quedó al margen del caso, puesto que dicho ilícito implica a funcionarios públicos. Para la exconsejera del CDE María Inés Horvitz, esto fue una “traición” de Manuel Guerra.
El Ministerio Público se encuentra actualmente investigando cuál fue el origen de este cambio de criterio, luego de que se revelaran chats entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, donde el exfiscal iba comentando y preguntando al abogado por los avances en la causa. De hecho, Guerra en algún minuto le señaló a Hermosilla que las “causas VIP” estaban en su poder y que “estaban a salvo”.
Es en ese marco que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se encuentra realizando varias diligencias para esclarecer los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto.
Principalmente, el ente persecutor busca esclarecer si el persecutor actuó conforme a la ley en los casos Penta, Exalmar y Dominga, o si lo hizo por motivaciones que sean constitutivas de conductas de corrupción.
Así las cosas, el 27 de marzo recién pasado el fiscal adjunto Anatole Larrabeiti tomó la declaración de la abogada del CDE Luppy Aguirre, quien por esos años participó de reuniones con la Fiscalía y quien, además, se comunicaba con Guerra en torno al avance del caso.
En las palabras de Aguirre se desprende algo que también había sido señalado antes por Horvitz: que Guerra tuvo un cambio de actitud repentino en el desarrollo de la causa.

La declaración
Aguirre se ha desempeñado la mayor parte de su carrera como abogada del CDE, donde llegó en 1995. Hubo un período, eso sí, entre julio de 2022 y fines de 2024, donde trabajó en el Ministerio del Interior, hasta que dejó esta cartera tras el escándalo por el caso de Manuel Monsalve.
Fue en 2016 cuando el Ministerio Público separó las aristas de la investigación por financiamiento irregular de políticos, quedando el caso Penta en manos de Manuel Guerra.
“La tramitación no sufrió mayores cambios, manteníamos relación fluida y seguíamos apuntando al mismo norte. A Manuel Guerra lo conocía porque nos tocó trabajar en temas académicos de la Universidad de Chile (...). No éramos amigos, pero sí buenos colegas y con muy buena comunicación”, señaló en su declaración.
“El año 2017 comienzan a darse los primeros pasos en cuanto a que debíamos terminar la causa Penta. La primera propuesta fue a inicios del 2017 y me la comunica el fiscal Guerra por WhatsApp. Me señala: “Discutiendo la posibilidad de un abreviado con Hugo Bravo”. En esa oportunidad traté de comunicarme con Manuel para saber los términos e informarlos al CDE. Me contestó y me señaló lo genérico, pero que aún no sabía la pena en definitiva ni qué harían con las empresas de Bravo”. Esa vez, dice la abogada, “jamás se conversó respecto a un procedimiento abreviado en cuanto a Wagner, Délano y Lavín”.
Aguirre dice que todo cambió el 28 de abril de 2018. Ese día vio una noticia en La Tercera, que titulaba: Caso Penta llega a su fin, Delano y Lavín acuerdan pena remitida de 4 años.
“Yo me quedé muy asombrada con la noticia, por lo que se la reenvié al fiscal Guerra, consultándole y diciéndole ‘perdona que te moleste un sábado; si esto es verdad tenemos que hablar, la presidenta del CDE me pidió que nos reuniéramos’”.

Sin embargo, dice Aguirre, de ahí en adelante la comunicación cambió. “Luego de este mensaje al fiscal Guerra no me contestó nunca más por WhatsApp. Sí lo llamé en reiteradas oportunidades para conocer los términos del abreviado, la que se concretó a fines de mayo”.
Posteriormente, en mayo de ese año, Guerra recibió a Aguirre y a Ruth Israel, abogada procuradora fiscal de Santiago. Allí el expersecutor les señaló que llegó a acuerdo para un abreviado con los controladores de Penta y con Pablo Wagner. También fue cuando les dijo que la Fiscalía solo imputaría delitos tributarios respecto a Délano y Lavín.
“En esa reunión le hicimos ver que era complejo reformalizar en esos términos, porque implicaba a los menos eliminar hechos. Y en atención a nuestra legitimación activa, le pedíamos nos dijera cuáles eran los términos de la reformalización. En esa reunión dijo que la reformalización sería en términos tales que si el CDE quería acusar por delito de cohecho y soborno podría hacerlo”, agregó
Por último, sobre el cierre del caso Penta, señaló: “Todo lo anterior nunca fue advertido ni pudo preverse dado que siempre que Manuel Guerra habló con nosotros en el CDE, en diversos reportajes y notas de prensa, siempre fue enfático al señalar que no solo no postularían una salida alternativa, sino que además el delito de cohecho no era un delito transable para efectos de llegar a un abreviado”.
Hermosilla, Exalmar y Dominga
En otros puntos, Aguirre aborda su relación con Luis Hermosilla. Según dijo, lo conoce solo como “colega” y que “muchas veces” tuvo causas en las que él intervino. Pero afirmó que no tienen “un grado de amistad”.
Luego, sobre el caso Exalmar, otra de las causas que terminaron en manos de Guerra y que involucró al fallecido expresidente Sebastián Piñera, la abogada del CDE señaló que el persecutor la manejó bajo “estrecha reserva”. Una vez, dijo Aguirre, Guerra fue a exponer sobre el caso a dependencias del CDE, momento en el cual se resolvió no intervenir “en base a los antecedentes proporcionados” por él.
Finalmente, sobre el caso Dominga, Aguirre dijo que el CDE analizó los antecedentes y decidió no querellarse. Luego, cuando se reabrió por los Pandora Papers, dijo no conocer en qué concluyó, debido a que ya para ese entonces se había ido a trabajar al Ministerio de Interior.
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