Mala publicidad: las denuncias en Contraloría que complican a La Reina

En noviembre del año pasado, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, anunciaba que se mantenía en pie de guerra en contra de las empresas publicitarias que no habían pagado el derecho a uso de espacios y terrenos para esos fines. Con letreros de "clausura" sobre los afiches de los privados y acciones legales, se inició así un proceso que, según el jefe comunal, tenía como finalidad recuperar dineros que en el mismo municipio cifran a La Tercera en  aproximadamente $6.000 millones.

La actual administración apunta que estas posibles irregularidades denunciadas se arrastran por los últimos 15 años.

"Como administración hemos presentado cientos de citaciones al juzgado de policía local. Además, hay sobre 30 demandas en tribunales civiles", señalan desde la comuna.

¿El problema? Sobre este asunto, el municipio enfrenta en la actualidad una "investigación especial" que inició Contraloría el pasado 18 de julio luego de que el diputado Gabriel Silber (DC) realizara una presentación ante el ente fiscalizador, la que se sumó a una denuncia realizada por el concejal Álvaro Delgado el año pasado.

El motivo de la acción, según indica la presentación del diputado Silber, apunta a una posible lenidad en la acción del municipio en este caso.

"A nuestro juicio, la municipalidad ha actuado de manera poco diligente, ejerciendo tímidamente las acciones judiciales que corresponden, muchas de ellas presentadas fuera de los plazos legales", dice el documento presentado a finales de mayo.

Y ahora se suma otro conflicto: el diputado Tomás Hirsch (PH) presentó esta tarde una denuncia, también ante la Contraloría, "respecto de irregularidades que creemos que revisten carácter de delito", asegura el parlamentario. Lo anterior apunta a la concesión de espacios publicitarios a dos empresas que se encuentra demandadas por el municipio de La Reina.

"Espero que Contraloría determine si es que acá efectivamente hubo una falta administrativa grave. En ese caso nosotros, además, iremos a la fiscalía a presentar judicialmente este caso", añade Hirsch.

Desde Contraloría informan que se evaluará si esta denuncia se suma al informe de "investigación especial" que ya se está realizando, o si se aplicará un procedimiento jurídico aparte.

La trama tiene como capítulo principal la apertura de la licitación sobre la materia, que se inició a través de Mercado Público el 18 de noviembre de 2018, exponía que quienes concursaran no podrían "registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM  (más de $24 millones) por más de un año, o superior a 200 UTM (casi $10 millones) e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente".

En ese mismo punto de la licitación se agregaba que "en caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución".

No obstante, mediante el decreto alcaldicio n°425 con fecha 27 de marzo de 2019, se realizó la adjudicación a los oferentes, y las empresas en cuestión, Global Media y JC Decaux, obtuvieron 14 de los 18 lugares disponibles para estos fines, con previa aprobación del Concejo Municipal ocho días antes.

Desde el municipio de La Reina explicaron que "no sería causal para dejar afuera a una empresa la existencia de juicios civiles pendientes. Por eso se hizo la aclaración en la licitación, con el fin fin de no establecer barreras de entrada ilegales". Sobre este tema, desde Contraloría señalan a La Tercera.com que, eventualmente, este punto se podría responder en el informe que se realice.

En el caso de Global Media, que se adjudicó cinco espacios a licitar, la demanda interpuesta por el municipio en noviembre de 2018 por "concepto de morosidad en el pago de los derechos de publicidad" asciende a $186.262.914, más intereses reajustes y costas.

En enero de este año, la comuna de La Reina solicitó "tener a esta parte por desistida de la demanda ejecutiva con expresa reserva del derecho de mi representada para entablar la acción ordinaria". Sin embargo, la solicitud fue desestimada por el 10° juzgado de Santiago. Desde el municipio explican que en dicha causa "había un problema de legitimidad pasiva, debido a que el dueño de la publicidad es la Fundación Arrieta".

Sin embargo, a eso se suma una causa archivada por "morosidad del pago de los derechos municipales de patente comercial" que llega a los $78.193.757.

En cuanto a la demanda contra JC Decaux que se adjudicó nueve licitaciones, la demanda por "morosidad en el pago de los derechos de publicidad" asciende a $219.725.938, más reajustes e intereses.

Entre las dos empresas, la deuda suma una cifra superior a $484 millones.

Según un documento que entregó el municipio de La Reina a Juan Pablo Fuentealba, vecino y exfuncionario del municipio, luego de que este solicitara información por transparencia, la deuda asciende a más de $5.400 millones, documento en el que no se encuentra registrada la morosidad de las dos empresas señaladas anteriormente y que se adjudicaron las licitaciones.

"Solicité la información en octubre y la recibí en febrero", precisa Fuentealba, quien además describe que tuvo que recurrir al Consejo para la Transparencia para obtener lo solicitado.

Por su parte, el concejal Álvaro Delgado explica que "no se nos informó oportunamente a los concejales. Solicité que nos informe la deuda, los acreedores y los juicios que había y esto de Global y JC Decaux no se nos informó. Cuando aprobamos la licitación no sabiamos de los juicios aun pendientes de dichas empresas".

Agrega que "hay funcionarios que están haciendo mal su trabajo" y que tiene que "haber una sanción. Se tienen que establecer las responsabilidades porque son recursos de todos los vecinos" de La Reina.