“No recomendable”: el día en que la propia Gendarmería desaconsejó trasladar a Manuel Monsalve a Capitán Yáber

En la noche del viernes, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -imputado por delitos sexuales contra una subalterna- fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La otrora autoridad de Interior fue derivada a Capitán Yáber un día después de que Antonella Marchant, líder de la banda delictiva “Los Marchant”, lo insultara en el recinto y le hiciera un gesto de cortarle el cuello, según conocedores de la situación.

Tras el incidente, Gendarmería de Chile remitió los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago y solicitó que se traslade al imputado al anexo ubicado en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). A su vez, la defensa del exsubsecretario presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que éste cumpliera la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio por motivos de seguridad y en atención a las amenazas de Marchant.

La solicitud de Gendarmería fue acogida por el juez Daniel Urrutia, quien argumentó que el traslado está “fundado en la necesidad de proteger su vida e integridad física y atendido a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Penal”.

Sin embargo, días antes, la propia Gendarmería había recomendado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago no trasladar al imputado a la cárcel de Capitán Yáber.

En un documento al que tuvo acceso La Tercera, el jefe (s) de control penitenciario, el teniente coronel Niger Durán, se pronunció respecto de la factibilidad del traslado a Capitán Yáber, a solicitud del juez del 7°Juzgado de Garantía, Mario Cayul, quien dirigió la formalización.

“No es aconsejable el referido traslado al Anexo Capitán Yáber, puesto que, de acuerdo a las exigencias establecidas para su ingreso (...) dicho recinto está destinado a albergar internos que detentan la calidad procesal de detenidos, procesados o imputados en prisión preventiva; y que el delito que se le atribuye no esté vinculado contra las personas”, dice el escrito de Gendarmería fechado el 21 de noviembre.

En ese sentido, el documento menciona los otros delitos no compatibles con el referido recinto penitenciario: crímenes y delitos contra la propiedad, infracciones a la ley 20.000 de drogas, a la Ley 18.314 “Sobre Conductas Terroristas”, la ley 12.297 “Sobre Seguridad del Estado”, la ley 17.798 “Sobre Control de Armas” y a las leyes que tipifican y sancionan los delitos sexuales.

Asimismo, Gendarmería se pronunció en aquella ocasión sobre la factibilidad de transferir a Monsalve al Centro de Detención Preventiva de Casa Blanca, cuya población penal está compuesta en su mayoría por reclusos con bajo riesgo de reincidencia e imputados por delitos de connotación sexual. “Este último recinto se encuentra actualmente con una sobrepoblación del 155,7%, razón por la cual, al día de hoy no se cuentan con los espacios físicos acordes en su interior para poder brindarle una correcta segmentación a Monsalve Benavides”, respondió Gendarmería.

El documento, además, alude a “la connotación pública nacional que este último mantiene en virtud del delito por el cual se encuentra privado de libertad, considerando además, el cargo público que ostentaba en momentos que ocurrieron los hechos que se le imputan, lo que podría generar eventualmente, diversos conflictos con el resto de la población penal, viéndose en riesgo su propia integridad física, como de otros privados de libertad y funcionarios a cargo de sus custodias”.

“Este departamento estima no recomendable o factible considerar un eventual movimiento del imputado, lo anterior, considerando que la unidad de Rancagua sí reúne las condiciones idóneas para su estadía y correcto cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva decretada, lográndose cumplir los objetivos de una segmentación adecuada, los cuales dicen relación con contribuir en disminuir el deterioro físico y psicológico que provoca la reclusión, evitando el contagio criminógeno, conflictos socioculturales, generando seguridad tanto para el imputado ya individualizado y el personal a cargo de su custodia”, concluye el documento.