Para las autoridades, especialmente las locales, la crisis financiera de la estatal Universidad de Aysén es una de las mayores preocupaciones de la región. Y es que el problema escaló a tal punto que las actividades académicas no están funcionando con normalidad, con funcionarios y académicos en paro.

¿La razón? Sus estados financieros dan cuenta de un déficit de $ 415 millones a diciembre de 2021, lo que ha generado problemas para financiar la operación en el corto plazo. Y la Superintendencia de Educación Superior (SES) ya está encima de la institución aisenina, pues le requirió información financiera para realizar una “profunda auditoría”, orientada a conocer la dimensión del problema y proponer medidas.

Y hace menos de una semana a los funcionarios y académicos de la UAysén les comunicaron, a través de un correo electrónico, que no hay dinero para pagarles sus sueldos de septiembre, lo que gatilló que cerca de 90 funcionarios y académicos iniciaran un paro de actividades. Al mismo tiempo, ellos son los que están llevando adelante las tratativas con las autoridades de la universidad y que los tienen a la espera de una respuesta al petitorio que entregaron este martes y que, de no obtener soluciones satisfactorias, los llevará indefectiblemente a mantener el paro, que inicialmente era de dos días.

Y dentro de la afectación y las consecuencias de la delicada situación del establecimiento educacional, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, sostiene se trata de una situación compleja para la zona porque ”estamos hablando de la única universidad pública que tenemos acá en la región y que además es una universidad que nace a partir de una demanda ciudadana (...) por lo tanto, una situación que nos afecta muchísimo y donde nosotros como gobierno regional hemos tomado una definición de apoyo”.

“No vamos a dejar que nuestra universidad caiga porque tenemos plena conciencia de que hacerlo sería cerrarle las puertas a las familias más vulnerables de nuestra región, a aquellas que no cuentan con los recursos necesarios y suficientes para poder enviar a sus hijos e hijas a estudiar a otra región. Por lo tanto, tenemos un compromiso desde el Gobierno Regional y por ello nos estamos sumando a todas las acciones que se están realizando”, agrega.

En ese contexto, la autoridad regional explica que la próxima semana se reunirá con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y con la Dirección de Presupuesto en la capital, para encontrar una solución al problema financiero que atraviesa la universidad. Asimismo, participarán de la mesa de trabajo organizada por la misma institución: “Nos sumamos al comité que fue convocado por la propia universidad, donde esperamos que sea un espacio en que participen todas las autoridades de la región y los distintos actores que tienen que ver con la materia, para poder tomar todas las medidas necesarias y avanzar en un plan de acción conjunto”.

Por otro lado, hay una investigación que sigue adelante -hace dos semanas el superintendente fue a Coyhaique para reunirse con las autoridades, gremios y comunidad regional, además del viaje de un equipo de fiscalizadores- y una vez terminada se definirán los pasos a seguir, que podrían ir desde un plan de recuperación hasta un administrador provisional si se determina que la situación es demasiado crítica.

Gasto en infraestructura

Desde el Gobierno Regional afirman que están a disposición de entregar apoyo financiero, sobre todo en temas de infraestructura, donde más gasto hay.

“La universidad no tiene aún infraestructura propia. Entonces, se gasta cientos de millones de pesos al año para poder arrendar distintas infraestructuras que permitan el funcionamiento. Por eso el año pasado nosotros tuvimos una serie de reuniones con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, porque los gobiernos regionales no podíamos hacer aportes directos a las universidades públicas. Sin embargo, logramos una modificación en la ley de presupuesto para que efectivamente podamos apoyar con financiamiento para infraestructura de la universidad cuando se requiera. Por lo tanto, ese es un compromiso que sigue abierto y que vamos a asumir llegado el momento”, explica Macías.

Además, la gobernadora explica que “hay fondos del Ministerio de Educación a los cuales no se puede acceder simplemente porque no tiene la cantidad de matrícula (necesaria). Entonces, hacer educación pública en un territorio extremo claramente requiere de condiciones diferentes y nosotros como territorio extremo necesitamos a nuestra universidad pública regional que piense y que trabaje de manera conjunta con nosotros el desarrollo de nuestra región”.

Ahora, de los 171 funcionarios de la universidad, 125 están en esta situación de incertidumbre salarial no solo para este mes, sino también para los venideros. Y afecta a todos aquellos que dependen del presupuesto institucional, es decir, el 73%. Los otros sí tienen asegurados sus salarios, puesto que dependen de recursos del Ministerio de Educación a través de los Proyectos URY, código que le atribuye el Mineduc.

En ese contexto, la autoridad regional afirmó que “nosotros entendemos que hay dificultades efectivamente para cancelar las remuneraciones del mes de septiembre, dado que el próximo ingreso de recursos está considerado para el mes de octubre. Por lo tanto, entre las medidas por nuestra parte está poder hacer las solicitudes donde correspondan para adelantar lo más que se pueda el traspaso de estos recursos”.