En 2019 comenzó a aplicarse de manera gradual la ley que regula las entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes, y que busca evitar la revictimización del menor al tener que comparecer ante tribunales en el marco de delitos sexuales y hechos violentos.

La norma, promulgada en 2018, tuvo una primera etapa de implementación en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. Luego, una segunda etapa se llevó a cabo en 2021 en las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Y a partir de hoy esta normativa comienza su etapa final al regir en todo el país con las regiones faltantes: Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Los Lagos.

Es así como la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional (s), Juan Agustín Meléndez, y representantes de Carabineros y la PDI, anunciaron su implementación a nivel nacional.

“La ley que desde hoy entra en vigencia en todo el territorio nacional resguarda la privacidad y seguridad de niños, niñas y adolescentes. Todas las manifestaciones que este exprese deben ser registradas en forma íntegra, sin realizar preguntas que apunten a detallar las forma cómo sucedieron los hechos y personas involucradas”, dijo la ministra Ríos.

La secretaria de Estado explicó que “uno de los objetivos que persigue esta ley es evitar la exposición reiterada e injustificada de los niños, niñas y adolescentes a instancias que busquen establecer la ocurrencia de estos hechos en materia de investigación y de la participación criminal”.

Ríos detalló que algunos de los delitos contemplados en el marco de esta ley son sexuales, de trata y tráfico de personas, de secuestros y sustracción de menores.

Por su parte, el fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez, dijo que la implementación de la ley 21.057 a nivel nacional es “un hito histórico, ya que Chile puede dar cuenta de un logro sustancial en el respeto de los derechos de las personas y su efectivo reconocimiento y ejercicio”.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, afirmó que “se trata de una ley ampliamente esperada por la ciudadanía y urgentemente requerida por este grupo de sujetos de derechos que son víctimas de algún tipo de abuso sexual y que según cifras de Unicef alcanza un 8,7% de niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.

Antes de la ley, el procedimiento no consideraba un tratamiento especial para víctimas de abuso sexual infantil, recordó el juez Fuentes.

¿Cómo funcionarán las entrevistas?

De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, los niños, niñas y adolescentes siempre testificarán en una sala especial, en la cual solo estarán con un intermediario capacitado especialmente para estos efectos.

En ese sentido, el intermediario estará debidamente capacitado y deberá acreditarse en el Ministerio de Justicia. Los adolescentes mayores de 14 años podrán optar por declarar ante un juez, sin la participación de un intermediario, también en una sala especial.

De acuerdo al conteo de Justicia, actualmente hay más de 380 entrevistadores con acreditación vigente en el país y hoy existen 135 salas en las regiones donde opera el sistema. A partir de ahora se sumarán otras 42 salas y próximamente se incorporarán otras 47 salas en las regiones de la tercera etapa, sumando 224 salas al 2023.

En la etapa de investigación, dice la ley, el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones tendrán que proveer entrevistadores idóneos, los cuales deberán estar capacitados y acreditados.