Cinco rectoras de universidades del Estado cuestionaron esta jornada la objeción de un grupo de diputados de oposición ante el inciso 2 del Artículo 12 de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual fue recientemente aprobada en el Congreso y por el que presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).
Específicamente, los parlamentarios argumentan que este inciso -que aborda la promoción de una educación no sexista- atenta contra el deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En respuesta a esto, y mediante una carta a El Mercurio, las académicas afirman que “todas y todos queremos que la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes sea de calidad y no dependa del lugar donde nacen o de su contexto socioeconómico”, por lo que “llama tanto la atención” la objeción de este grupo de diputados y diputadas a este inciso en particular.
El inciso al que se oponen los diputados señala lo siguiente: “Los establecimientos educaciones reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad de derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”.
Al respecto, las rectoras explican que con esto se apunta únicamente a mejorar la calidad de formación y el desarrollo de cada persona de forma integral.
“Es preciso entender que cuando hablamos de educación no sexista y con igualdad de género nos referimos al desarrollo de habilidades afectivo-sociales que permitan una convivencia y relaciones interpersonales más sanas y respetuosas, a la valoración de las diversidades y al desarrollo pleno e integral de cada persona”, explican en la misiva.
Asimismo, señalan, una educación no sexista como la que se busca lograr con esta ley “propicia la participación permanente de todas las personas que integran la comunidad educativa, siendo el eje fundamental la experiencia de cada uno y cada una. De esta forma busca dar garantía de derechos y ampliar las oportunidades, mejorando la calidad de la formación”.
“Implicar que la educación no sexista atenta contra el deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza o que vulnera derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, nos resulta incomprensible. Advertimos que la supresión de una educación con perspectiva de género postergará la configuración de un futuro más justo y sostenible”, concluyen en el escrito.
La carta fue firmada por Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana; Fernanda Kri, rectora de la Universidad de O’Higgins; y Luperfina Rojas, rectora de la Universidad de La Serena.
