Nueva PSU: la trastienda por el cambio al sistema de acceso

El próximo año se rendirá por última vez la actual PSU, pues en 2020 regirá un nuevo sistema de admisión para la educación superior, dividido en un subsistema para las universidades y otro para los planteles técnico-profesionales. En marzo serán creados los comités que construirán estos modelos, pero ya existen discusiones, reuniones y propuestas para consensuar una única propuesta.

Por ejemplo, el Demre de la U. de Chile, organismo que administra la PSU, está impulsando que, por lo pronto, para 2019, se divida la prueba de Matemática en dos y se reduzcan los contenidos del test de Lenguaje, con la idea de ponderar las exigencias y ajustarlas a los estudiantes de liceos técnico-profesionales, quienes al tener una formación distinta, resultan a veces perjudicados por la prueba.

En esa línea, el 23 de noviembre hubo una reservada reunión en el Hotel San Francisco, entre el Demre, expertos y la Unidad de Currículum del Mineduc -que está a favor de la propues- ta-, para consensuar apoyos. Según fuentes del sector, estos cambios fueron generando la adhesión del resto del ministerio y la última autoridad en sumarse habría sido el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

"Tenemos posturas respecto de ciertos instrumentos y una de esas posturas que compartimos con el Demre es la de hacer una PSU de Matemática que esté dividida. Eso lo apoyamos", dijo Vargas hace unos días, en una actividad en La Moneda.

Pero más importante que los cambios inmediatos en la PSU es la construcción del subsistema de admisión para el mundo técnico-profesional, algo sobre lo que no hay claridad, pues hoy esos planteles no exigen requisitos de acceso más allá del orden de llegada de las matrículas. Y ahí existen dos posturas.

La primera plantea que debiera haber un único sistema de acceso, tanto para instituciones técnico-profesionales como para universidades, donde se contemple una serie de instrumentos con que se medirá a los postulantes (PSU, ranking o notas, por ejemplo), y que cada plantel defina ponderaciones distintas, según su naturaleza. Esta postura es defendida por instituciones como Duoc UC.

La segunda posición dice que simplemente no debiera haber instrumentos para medir a los postulantes del mundo técnico-profesional, pues el no exigir PSU es mucho más inclusivo, ya que permite que la población que tuvo menos oportunidades acceda a la educación superior. Esa visión es defendida por instituciones como AIEP.

"Hay dos visiones y yo adscribo más a una de ellas, pero se necesitan más antecedentes", dice Juan Eduardo Vargas, quien señala que tendrán que ser los comités que designarán en marzo los que tomen la decisión.

La situación desmejorada en que quedan los estudiantes de liceos técnico-profesionales frente a los de colegios científico-humanistas en la PSU es un tema delicado entre las autoridades educacionales. Actualmente, hay una demanda de estudiantes de estos primeros planteles contra el Estado, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque consideran que se les ha discriminado en estos años.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, concuerda con esa crítica. "Me tocó ser diputada cuando se cambió de PAA a PSU y se decía que la PSU iba a corregir todos los problemas de segregación que estaban ocurriendo. Pero, obviamente, se mantiene el hecho de que los alumnos de colegios más vulnerables obtienen peores puntajes, porque muchas veces no alcanzan a ver todos los contenidos", dice.

Y en el Consejo de Rectores, organismo que es "dueño" del actual sistema de acceso, si bien no asumen una culpa en la discriminación hacia esos alumnos, sí creen que la responsabilidad pesa sobre el Estado.

El vicepresidente del Consejo, Aldo Valle, dice que "el sistema educacional tiene un déficit, que consiste en que no cuenta con la articulación que se necesita entre la enseñanza media técnico-profesional y la educación superior". Pero "no le corresponde al Cruch reconocer que hay una desarticulación", agrega Valle, sino que "la política pública que se definió a partir de los años 80 no dio la respuesta adecuada y, en ese sentido, obviamente hay una responsabilidad del Estado".