Un proyecto no excento de críticas y dudas, firmó el Presidente Sebastián Piñera, para poner fin al CAE y sacar a la banca del financiamiento estudiantil. Se trata del Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs), que ingresará al Congreso la próxima semana.
El mandatario aseguró que "el sistema bancario no va a participar de este nuevo sistema de financiamiento. Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE (...) El sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y discriminatorias diferencias que existen hoy en día".
La iniciativa apunta a un sistema solidario de financiamiento estudiantil, que será otorgado a los estudiantes de los nueve primeros deciles -hasta $ 625 mil per cápita- y que cumplan con los requisitos académicos de tener 475 puntos en la PSU para las universidades y, en caso de los CFT e IP, se solicitará a los estudiantes tener promedio de notas de enseñanza media superior a 5,3 o pertenecer al 50% superior de su promoción o ranking.
El crédito tendrá un interés máximo del 2% y los beneficiados sólo pagarán hasta el 10% de sus ingresos, en un plazo máximo de 15 años.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, destacó que este proyecto responde al anhelo de sacar a la banca del sistema de financiamiento, "lo estamos llevando al Estado y el Estado va a llevar adelante este proceso íntegramente. Confiamos que vamos a tener un apoyo transversal en este proceso en el Congreso, porque es un proyecto de ley que, como digo, es generoso, y debiera cubrir a casi 300.000 alumnos en régimen, y creemos que efectivamente satisface un viejo anhelo de toda nuestra clase media, y es que se pueda transitar por la universidad sin la mochila de un crédito pesado, que se empieza a pagar una vez que se terminan los estudios".
Una de las características es que se prohíbe que los planteles cobren copago a los estudiantes. Según explicó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, "financiará el arancel regulado más un porcentaje de la brecha entre arancel regulado y arancel real -este dependerá de la vulnerabilidad del estudiante y del nivel de acreditación de la institución- con un tope de 1,5 veces el arancel regulado. Asimismo, el proyecto establece que las instituciones de educación superior deben asegurar que los alumnos de los seis primeros deciles de ingresos no paguen nada mientras estudian".
Figueroa añadió que "de esta manera, si luego del crédito estatal existe alguna diferencia, la tiene que cubrir la propia institución de educación superior, ya sea por la vía de becas o por la vía de créditos que tienen que otorgarse bajo las mismas condiciones. Eso asegura que un número importante de jóvenes y, particularmente los de menos ingresos, mientras estudian no tienen que hacer ningún tipo de desembolso".
De acuerdo a la iniciativa, en caso de que una institución otorgue un crédito para cubrir las brechas de aranceles, recién pueden realizar el cobro al ex alumno cuando ya haya pagado el 50% del préstamo.
Esta prohibición de cobro de copago para los alumnos del 60% más pobre es vista por algunos rectores como una "fijación de precios" y una intromisión en las instituciones. El rector de AIEP, Fernando Martínez, planteó que "claramente el prohibir que una institución pueda cobrar esa diferencia entre el arancel real y el de referencia, es una fijación de aranceles, sin duda, y además es discriminatorio porque generará dos estructuras de aranceles, para estudiantes con y sin el crédito. Puede generar, incluso, que algunas instituciones no seleccionen alumnos de esos deciles, porque puede perjudicar su sustentabilidad financiera".
Su par de la U. Andrés Bello, José Rodríguez dijo que "hay que poner especial atención en el punto de la cobertura hasta el arancel regulado, quedando con ello una variable a cubrir por el estudiante, ahí las universidades podrán aportar con becas, pero hay que medir si esto a futuro afectaría la calidad, investigación y desarrollo institucional de los planteles".
En tanto, el rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter "de cierta manera es regular los aranceles, y el cálculo de los aranceles va a seguir siendo un tema, porque se deben calcular los aranceles regulados y esto podría afectar el financiamiento de las instituciones. Este problema se produce con la gratuidad y ahora también con este proyecto".
Mientras, la máxima autoridad de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, planteó que esta limitación de cobro afectará a las instituciones dependiendo de la composición socioeconómica de los alumnos, pues afectaría más a quienes reciben alumnos más vulnerables: "Al existir libertad para cobro de los cuatro deciles más ricos de la población, es una noticia buena desde el punto de vista de la autonomía de las instituciones".
Otro de los cuestionamientos que recibió la institución es en relación a que no exige cuatro años de acreditación como la gratuidad, sino que solo que los planteles estén certificados.
La investigadora de Educación 2020, Nicole Cisternas, lamentó que no exista un piso mayor en la exigencia de calidad. "El financiamiento tiene que ir a instituciones de calidad, no podemos seguir financiando instituciones que no aseguran estándares mínimos. Que una institución este acreditada por dos años no asegura calidad".
La vereda opuesta, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, indicó que "el nuevo sistema de acreditación permite garantizar a largo plazo la calidad, porque las instituciones van a tener un estándar mínimo de cuatro años para estar acreditadas y si no lo logran van a desaparecer. La alternativa de incluir un criterio en esta línea le iba a hacer daño al sistema al castigar a instituciones con tres años de certificación".
