A pocas horas de poner fin a su segundo periodo en la Presidencia, Michelle Bachelet dio a conocer hoy los nombres de los cuatro directores de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que fueron seleccionados por la Alta Dirección Pública (ADP).

Así, los elegidos fueron Claudio Skarmeta, José Luis Mardones, Ana Holuigue y Rodrigo Azócar, siendo este último un hombre de la casa ya que, entre enero de 2009 y agosto de 2011, se desempeñó como gerente general de la compañía estatal.

Según comunicó la ADP, los profesionales seleccionados por la Mandataria surgieron de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública, tras un proceso de selección que se inició el 13 de agosto del año pasado.

Esto se da en el marco de la Ley 21.025 del Ministerio de Minería, que permitió la capitalización de la compañía por un monto de US$ 400 millones y la que se estableció un nuevo gobierno corporativo para la empresa, en la que cuatro de sus siete directores deben ser seleccionados por esta vía.

Respecto de los otros cargos, el único que había sido nombrado era el representante de los trabajadores, Marcos Varas. En tanto, los otros dos cupos que aún se encuentran vacantes serán designados por el Presidente Sebastián Piñera.

Ahora bien, para que el nuevo directorio asuma sus funciones deben estar designados todos sus miembros. Y como lo anterior no ha ocurrido, seguirá vigente el antiguo directorio, con la excepción de la figura del ministro de Energía, que además presidía la instancia, y que de acuerdo con lo estipulado en la ley dejó de participar en diciembre.

Así, hasta que no se nombren los nuevos cargos, el que resulte designado como nuevo presidente de Corfo, además, asumiría la presidencia interina del directorio de Enap ante la vacancia del nuevo directorio.

Por otra parte, Bachelet hoy firmó el decreto de ley que promulga la creación del Fondo de Infraestructura, acompañada por el titular de la cartera, Alberto Undurraga. La Mandataria aseguró que la medida "tiene como objetivo crear una sociedad anónima del Estado para ampliar las posibilidades de inversión en construcciones" y que moverá US$ 9.000 millones.

La normativa, que permite al Estado invertir o financiar proyectos de concesiones, además, obliga al MOP a presentar todos los años un plan de inversiones a cinco años plazo.