Diversos estudios se encuentra realizando la Fiscalía Centro Norte y la Fiscalía Nacional para acceder a la investigación que maneja la justicia brasileña sobre el caso de la constructora OAS, en la que se investigan millonarios sobornos a cambio de ganar licitaciones.
En Chile, esta arista se encuentra -por el momento- circunscrita al avión que ejecutivos de la firma le prestaron al excandidato Marco Enríquez-Ominami, en la campaña presidencial de 2013.
El interés del Ministerio Público chileno se intensificó con la noticia dada a conocer el jueves por medios brasileños, que dieron cuenta de que el exejecutivo de OAS Alexandre Portela Barbosa reveló, a través de la figura de "declaración premiada" (en Chile sería equivalente a la delación compensada) que la firma realizó en siete países contratos ficticios, con el objetivo de generar recursos que serían destinados al pago de coimas.
Entre los países en que se habría realizado esta práctica, según Portela Barbosa, figura Chile. Por esto, la Fiscalía Centro Norte evalúa realizar una nueva petición de información a Brasil. Sin embargo, el requerimiento tiene complejidades.
Las autoridades brasileñas han informado a sus pares chilenas que solo entregarán la información con que cuentan si respetan los acuerdos a los que llegaron con los imputados. Esto es, que no exista persecución penal contra quienes se acogieron a la "declaración premiada". Esta condición, según explicaron fuentes del caso, no se puede aplicar a Chile, ya que la colaboración solo cuenta como atenuante de la eventual condena.
Ante este escenario, la fiscalía está analizando de qué manera pedir la información sin contar con esta traba. Por esto, se espera que durante las próximas semanas la fiscal Ximena Chong acuda a la Fiscalía Nacional para estudiar los movimientos que se deben seguir.
