La primera Comisión de Verdad y Transparencia en Chile, creó el Obispado de San Marcos de Arica, para la recepción de denuncias de posibles abusos de poder, conciencia o de tipo sexual ocurridos a partir de 1986, que podrían haber cometido obispos, sacerdotes o diáconos permanentes en esta jurisdicción.
El obispo de Arica, Moisés Atisha anunció que esta instancia estará integrada por la concejala católica Miriam Arenas; la jefa de la Defensoría Laboral de Arica, abogada Claudia Villalobos, y el abogado de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Arica (DAEM), Juan Carlos Jiménez.
"Estas tres personas de Arica son tres laicos con reconocido prestigio. Tengo la certeza de que este tipo de acciones nos ponen en el camino de reconstruir confianzas, de manifestar con hechos concretos, que la disposición de la Iglesia es a construir espacios sanos y seguros y a colaborar con la verdad. Estas tres personas tienen una cualidad: ninguna tiene un vínculo laboral con el Obispado. Eso permite que tengan total independencia. Además, tienen conocimiento de la ley y tienen un amor a la vida eclesial. Y no todos son creyentes en la fe de la Iglesia", afirmó Atisha.
El prelado explicó que la creación de esta comisión "forma parte del proceso de maduración que estamos haciendo como Iglesia, después de nuestro encuentro con el Santo Padre en el mes de mayo. Estamos siguiendo una línea más propositiva y proactiva, lineamientos que hemos planteado en nuestra última asamblea plenaria. Como pastor he querido hacerme cargo en la iglesia de Arica, para hacer luz sobre situaciones de abusos que puedan existir".
Atisha dijo que no dispone actualmente de antecedentes sobre casos de abusos que involucren a sacerdotes o diáconos de la diócesis nortina. "La intención es que la Comisión sea una instancia para escuchar y recibir los relatos, las denuncias, las noticias que puedan haber sobre esta materia en nuestra iglesia diocesana. Esta es una iniciativa de la Iglesia de Arica que no es vinculante con otras iglesias", precisó.
El obispo explicó que serán recepcionados eventuales casos registrados a partir de 1986, ya que ese año fue creada la Diócesis de Arica. La comisión dispondrá de 90 días, a partir del 25 de septiembre, para la recolección de los testimonios y de otros 10 días para entregar las actas. Una vez cumplido ese plazo, elaborará un informe que tendrá carácter público. Los antecedentes serán enviados a las instancias eclesiásticas, de acuerdo al Derecho Canónico y a la Guía "Cuidado y Esperanza" de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh).
En caso de pesquisar situaciones que puedan ser investigadas por el Ministerio Público, Atisha dijo que facilitarán el contacto con la Fiscalía para que los denunciantes entreguen los antecedentes a este organismo.
"Hemos coordinado con la fiscal regional, los mecanismos y los modos que vamos a tener para la entrega de información que sea de competencia de la Fiscalía. Se va a informar a las personas de todo lo que tienen que hacer civilmente, cosa de no producir entorpecimiento de la vía civil", indicó.
El prelado aclaró que con esta instancia, no pretende obstruir el rol del Ministerio Público. "Siempre la Iglesia se ha hecho cargo de sus propias situaciones jurídicas. Esto es algo que nos compete según el Derecho Canónico. Tenemos nuestra legislación, tenemos nuestra manera de hacer justicia. Hay además una obligación que no podemos delegar en la justicia del Estado, porque no tiene competencia. La justicia del Estado no tiene competencia sobre la restricción o no del ministerio de un miembro del clero", planteó.
Atisha subrayó que la comisión es una instancia que respetará la petición de confidencialidad que soliciten algunos denunciantes, "esa confidencialidad hay que respetarla. La instancia eclesial resguarda esa confidencialidad, sin que eso signifique no hacer justicia".
Según fuentes confidenciales, en su contacto con el Ministerio Público, el obispo habría recibido una expresa recomendación de este organismo, para que la comisión fijara sus límites de acción, con el fin de evitar el entorpecimiento de eventuales investigaciones y la aplicación de justicia.
