El Gobierno Regional Metropolitano, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Fundación Paz Ciudadana y 12 municipio de la zona sur de la capital anunciaron la constitución del “Programa de Observatorios de Seguridad Ciudadana” con el fin de generar políticas preventivas en el combate contra la delincuencia.
Las comunas son El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Pirque y San José de Maipo.
De acuerdo al Gobierno Regional, el programa busca mejorar las capacidades de planificación en los municipios, así como “ampliar los conocimientos y herramientas para el diagnóstico, el diseño, la implementación la evaluación de políticas públicas en seguridad ciudadana”.
El gobernador Claudio Orrego explicó que, replicando un modelo de Estados Unidos, los municipios aportarán antecedentes para ser utilizados por el Ministerio Público en la persecución del crimen. Junto a ello, se fortalecerán las 12 unidades de Seguridad Ciudadana de los municipios y “vamos a crear los protocolos de trabajo para recabar esa información y traducirla en acciones concretas”.
Según el Gobierno Regional el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 2 años y una inversión de $1.172 millones. Unas dos millones de personas se verían beneficiadas
“Lamentablemente, la seguridad no está distribuida de manera democrática. Quizás uno de los rostros más brutales de la desigualdad es la inseguridad. En el caso de estas doce comunas de Región Metropolitana, de la zona sur de Santiago, concentran el 60% de los homicidios con arma de fuego de toda la región y el 34% de los delitos de la región”, explicó el gobernador.
“No es suficiente la presencia policial, se requiere coordinación, análisis, trabajo en conjunto, que es lo que va a hacer este proyecto”, agregó.
Por su parte, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, afirmó que “es primera vez que estamos haciendo un proyecto de seguridad en que coordinamos a todas las instituciones que son responsables de la materia en el territorio y eso evidentemente marca un hito que no se había hecho anteriormente”.
Finalmente, el fiscal Héctor Barros sostuvo que “lo que queremos con este proyecto es poder darle un rol más importante a los alcaldesas y alcaldes de las doce comunas de la zona sur en términos de que puedan tener alguna incidencia sobre los fenómenos criminales que se están presentando en los distintos barrios que ellos tienen a su cargo”.
“Este proyecto nos viene a solucionar una serie de problemáticas que tenemos sobre manejo de información que se pierde a nivel local o en los municipios. Y lo queremos ahora es canalizar esa información hacia la fiscalía, pero con la finalidad de poder transformarla finalmente en una política de persecución penal”, agregó el persecutor.