La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) informó la noche de este viernes que los funcionarios del organismo depusieron la paralización que habían iniciado el pasado martes, luego de acusar una falta de recursos para el funcionamiento del nuevo servicio encargado de las emergencias a nivel nacional.

A través de un comunicado, la Onemi afirmó que durante la jornada, se concretó un acuerdo entre los involucrados en la mesa negociadora -que incluye al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Dirección de Presupuestos (Dipres), Onemi, la Asociación de Funcionario de la institución y Asociación Nacional Empleados Fiscales (Anef)- que busca aprobar el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que regula los nuevos servicios.

Debido a lo anterior, “se depuso la movilización nacional establecida el pasado 2 de agosto por la Asociación de Funcionarios de Onemi, en el contexto de las negociaciones que buscaban definir las distintas materias que debía regular dicho DFL”.

Según el organismo, el acuerdo “permitirá transitar a la Oficina Nacional de Emergencia a un nuevo Servicio, a contar de enero de 2023″.

“Sin duda, el compromiso de cada uno de los actores de la mesa, permitió alcanzar este significativo avance y de esta forma potenciar la nueva institucionalidad para la prevención y respuesta ante desastres en el país”, indicaron desde la Onemi.

El reclamo de los trabajadores se da luego de la promulgación de la Ley 21.364 en agosto del año pasado, donde se había fijado el plazo de un año -que venció este viernes- para dictar un DFL “que entre otros aspectos debe regular la nueva planta de la institución, la asignación de turnos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo Servicio Nacional”, informan desde la Onemi- para regular los nuevos estamentos: el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

Tras ello, los trabajadores acusaron de “rigidez” a la Dipres por no contar con el financiamiento adecuado para el funcionamiento de los nuevos servicios y sistema de respuesta ante desastres y afirmaron que “con la propuesta de financiamiento y estructura estamos volviendo al organismo que éramos en 1974″.