Más de seis meses después que expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas visitaran el país para conocer en terreno el sistema de protección de los niños que están a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), este lunes el gobierno dio a conocer el informe que elaboró el organismo internacional tras la inspección. Ahí se estableció que "Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio".
El informe de 20 páginas, fue elaborado a partir de la visita que dos expertos de la ONU hicieron a Chile entre el 8 y el 12 de enero. Durante su estadía, inspeccionaron cuatro residencias: dos de administración directa de Sename (Playa Ancha de Valparaíso y Galvarino de Santiago), además de dos organismos colaboradores (Aldea Cardenal Silva Henríquez, Punta de Tralca, y Pequeño Cotolengo, Santiago).
Además, dice el documento, se entrevistó a más de 100 personas, entre ellos ministros de Estado, el titular de la Corte Suprema, el fiscal nacional, autoridades del Sename, representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
La indagación surgió a partir de una solicitud al organismo en julio de 2016, tras la muerte de Lissette Villa en el centro Galvarino. La petición apuntó a posibles violaciones a cometidas por Chile a la Convención de los Derechos del Niño. Una vez culminada la visita,se hizo una primera recomendación "urgente", que apuntaba a cerrar el centro de Playa Ancha. Pese a que el gobierno se comprometió a materializar esta medida en abril, esta aún no se realiza.
Obligaciones del Estado
Según el documento, el Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa, así como las ocurridas en los organismos colaboradores. "Ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros (...) deben ser considerados agentes del Estado".
El texto indica que el país ha incumplido en 17 artículos la convención, entre los cuales destacan aquellos que apuntan a la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; la no separación de la familia; a la educación; la protección contra la violencia y contra la explotación y abusos sexuales.
"Las vulneraciones de derechos afectaron a miles de NNA que entraron en los hogares, en todo el territorio del país, y durante un periodo largo de tiempo, que se prolonga hasta hoy. Las violaciones encontradas son de una naturaleza amplia y su impacto se estima a largo plazo", señala la ONU. El organismo observa una "continuada existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado". También se acusa una "inacción e incapacidad reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían".
La entidad también cuestionó el actuar de los jueces, indicando que la separación del niño y su familia debería ser la última opción, pero que los magistrados suelen decantarse por esa medida. Además, indica que "la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegración) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro".
Reparación
El documento recomienda a Chile adoptar distintas medidas, tanto en materia administrativa como legislativa, así como que se "desjudicialice" el sistema de protección. Además, propone reparar a las víctimas al adoptar "todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño".
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó que este es un diagnóstico similar al del gobierno. "La forma en como Chile ha reaccionado a estos hechos ha sido muy consistente. Se están haciendo mil esfuerzos para cambiar radicalmente esta situación", dijo.
La diputada Marcela Sabat (RN), en tanto, señaló estar convencida que el Estado "tomará en consideración todas estas recomendaciones y que como parlamentarios debemos unirnos más que nunca para sacar adelante proyectos pendientes".
El diputado René Saffirio (Ind), consideró el informe "clarificador, aunque doloroso, porque a nadie le gusta que a su país lo condenen por violaciones a los derechos humanos".
