"Saludamos el informe anual del INDH, el informe, por supuesto, más completo de todos con gráficos contundentes que corroboran los hallazgos sobre la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos". 

Esa fue la primera reacción del jefe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab, luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) revelara su reporte anual, en el que afirmaron que la respuesta policial a las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre "produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989".

Jarab manifestó, además, que el documento corrobora el "uso indiscriminado" de escopetas antimotines y gases lacrimógenos en contra de personas y casos de tortura, "incluso tortura sexual y malos tratos".

Dentro de las conclusiones del escrito, Jarab calificó como "destacable" la conclusión "sobre la falta de control, los medios disuasivos utilizados por Carabineros, un problema que, como dice el informe, se explica por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia por parte de Carabineros respecto de la autoridad civil".

"Otra destacable conclusión del informe del INDH es sobre la demora en respuesta adecuada por parte del Estado y, como sabemos, las prácticas como el uso de cartuchos de gas lacrimógeno disparado de manera directa contra las cabezas de personas, (que) siguió en el mes de diciembre", dijo.

Entonces, sostuvo, "llamamos a la urgente implementación de las recomendaciones del informe del INDH y también, evidentemente, de nuestro informe de la ACNUDH. Llamamos a un cambio verdadero". 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humano y es dirigida, desde Ginebra, por la expresidenta, Michelle Bachelet.