Hoy el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio a conocer el Informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que el gobierno recibió el 7 de junio pasado y donde se realizan duros cuestionamientos a la labor del Estado y se critica la acción de los jueces, en el trato a los menores internados en centros del Sename.
Fueron dos expertos los que realizaron en enero de este año una visita inspectiva a una serie de centros de Sename, luego de la denuncia presentada en 2016 por la entonces diputada Claudia Nogueira, y que fue acogida a trámite en 2017. Entre el 8 y el 12 de enero se concretó la visita de los profesionales de la ONU en diversos centros de Santiago y Valparaíso.
Sus conclusiones son categóricas: existieron violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño durante más de 40 años.
"El Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los Cread, así como de las llevadas a cabos en los Ocas u otros centros. Y ello, no solo por la falta de supervisión, sino también porque dichos centros, a efectos de distribución de responsabilidad, deben ser considerados agentes del Estado, al actuar en el ejercicio de las funciones públicas por delegación del Estado", consigan el informe en sus principales conclusiones.
Se agrega que el comité considera que el Estado es responsable de "graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención considerando que el sistema de protección residencial de Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de niños, niñas (NNA) y adolescentes bajo tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo".
El documento indica, además, que el comité considera que las violaciones descritas "no son producto de circunstancias puntuales, de personas concretas o de una determinada coyuntura ante las reiteradas denuncias y constataciones, demuestra que existen unas causas estructurales que ha permitido esa situación".
Por eso aconseja que se modifique la Ley de Subvenciones, proporcione recursos financieros y técnicos para el cumplimiento de estándares y establezca mecanismos eficaces de supervisión.
También se realizaron críticas a la labor de los jueces y del sistema judicial chileno. "Existe consenso sobre la excesiva judicialización del sistema. Los jueces tienen encomendada la adopción de todas las medidas de protección, desde las ambulatorias a las residenciales. Pero no tienen un conocimiento preciso de los recursos alternativos a la internación, ni el tiempo necesario para el estudio de cada caso individual, ni la capacitación para saber cuál es la medida social más adecuada para cada NNA. Los tribunales tienen poco personal especializado de apoyo", se indica.
Debido a esto, la recomendación de los expertos es que el Estado "desjudicialice" el sistema de protección. Que se cree un servicio de protección administrativo, especializado y dotado de recursos que detecte las carencias existentes y realice un seguimiento individualizado de las situaciones de riesgo. Además, que se establezcan criterios claros y estrictos para la decisión de cuidados alternativos de NNA. Y que, además, se regule un procedimiento de revisión judicial de las acciones del sistema administrativo.
También se habla de que el Estado debe reparar a los menores víctimas de violaciones a sus derechos. "El Estado tiene una obligación reforzada de reparación de las víctimas por ser el mismo Estado el responsable directo de las violaciones de los derechos de gran parte de los NNA ingresados en centros de protección, tanto a través de la acción u omisión de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, como a través de las acciones u omisiones de funcionarios del Sename y trabajadores de los Ocas", se sostiene.
También en el documento se indicó que uno de los centros visitados fue el Cread Playa Ancha. Los expertos recomendaron el cierre " con efecto inmediato" del hogar, recomendación que hasta la fecha no se ha concretado.
Cabe recordar que el Ministerio de Justicia, por encargo del Presidente Piñera, presentará un primer informe al Gobierno en el cual se hará cargo de las afirmaciones del Informe de la ONU y del modo cómo el país se encaminará para cumplir sus objetivos. Ese documento permitirá dar una respuesta final al Comité de Naciones Unidas, la que tiene como plazo establecido seis meses desde la entrega del informe.
