El próximo 9 de julio, en el Juzgado de Garantía de Temuco, el fiscal Carlos Palma formalizará a los 12 imputados que son investigados por la presunta implantación de pruebas en el marco de la Operación Huracán. A cuatro de estos se les presentarán cargos por el delito de asociación ilícita, entre los que está el ex jefe de Inteligencia de Carabineros, el general (R) Gonzalo Blu. Para este último, el Ministerio Público está evaluando solicitar la medida cautelar más grave: la prisión preventiva.

Palma indicó que "voy a formalizar la investigación en contra de estas 12 personas que están imputadas y pediré las cautelares que correspondan. Se trata de delitos obviamente de gravedad, pluralidad de hechos de falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación y asociación ilícita, cada uno de ellos con penas graves y, por lo tanto, respecto de aquello, en la proporción debida, vamos a solicitar cautelares".

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la pena por asociación ilícita podría alcanzar los 15 años y un día de prisión. Por lo tanto, uno de los escenarios que se bajaran es solicitar la prisión preventiva.

Quienes están al tanto de las gestiones de Palma agregaron que la solicitud de cautelares se realizará evaluando la participación y responsabilidad de cada uno de los imputados en los delitos investigados. En este sentido, los funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes firmaron los informes en que se daba cuenta de las presuntas conversaciones de WhatsApp que habrían tenido los ocho detenidos de la Operación Huracán, tendrán un rol inferior en la estructura que configura la asociación ilícita.

La mayor responsabilidad recaería el personal de Inteligencia de Temuco, así como del exjefe nacional de esta unidad de la policía uniformada.

Desde el gobierno -que es querellante en esta causa- indicaron que respaldarán todas las acciones que emprende el Ministerio Público y también han analizado la posibilidad de pedir la prisión preventiva a los cuatro imputados que tenían mayor rango al interior de Carabineros.

Sobre esta situación, el abogado de Blu, Sergio Rodríguez, indicó que "el Ministerio Público tiene la facultad por ley de solicitar las cautelares que crea conveniente. Nosotros confiamos en los tribunales de justicia, creemos sinceramente que van a detener estas conductas excesivas por parte del persecutor".

Respecto de si han tenido algún acercamiento con la fiscalía, Rodríguez indicó que "el Ministerio Público, respecto del general (R) Blu, lo formalizó sin escucharlo. Ni siquiera le dio la oportunidad de dar su versión de los hechos. De ahí en adelante, estamos en el escenario que el Ministerio Público ha querido. No hemos tenido ningún tipo de acercamiento".

Cambio de fiscal

En La Araucanía, el fiscal regional de la zona, Cristián Paredes, realizó este jueves una serie de cambios en las jefaturas de los Ministerios Públicos locales.

De esta forma, dejó su cargo Luis Arroyo, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía y quien encabezó esta unidad mientras se investigó la Operación Huracán.

Fue en el marco de estas pesquisas que Arroyo presentó una querella que apuntó a funcionarios de Inteligencia de Carabineros, ya que efectivos de esta unidad presentaron un informe en que se indicaba que el abogado filtraba información de las pesquisas a una abogada asistente del Ministerio Público. Según la tesis policial, que finalmente fue descartada, esta profesional habría entregado datos de la causa a quienes eran objeto de investigación.

Al respecto, Paredes indicó que la salida de Arroyo "obedece a que el propio fiscal, en su momento, pidió su traslado por razones personales".