Operación Topógrafo: en prisión preventiva general del Ejército y exjuez de Corte de Apelaciones por interceptaciones telefónicas ilegales

Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva para el exjefe de LA Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Schafik Nazal Lázaro, y para el exjuez Juan Poblete Méndez, quienes están imputados por 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y siete hechos de falsificación de instrumento público, en el marco de la Operación Topógrafo.

De acuerdo a la Fiscalía, el caso se remonta al año 2019, cuando los imputados se concertaron para interceptar los teléfonos de siete personas que supuestamente eran de interés, soslayando la Ley de Inteligencia. El uniformado realizaba las solicitudes, ocultando el nombre verdadero de los propietarios de las líneas telefónicas el magistrado las autorizaba.

De acuerdo al fiscal Jaime Retamal, quien formalizó los cargos a los acusados, estos “se habían coordinado para interceptar los teléfonos de siete personas de interés”. Quienes vieron interceptadas sus comunicaciones fueron Rafael Harvey Valdés, Carlos Farías Ramírez, Tatiana Astorga Vergara, Mauricio Weibel Barahona, Sergio Tudesca Órdenes, María Valenzuela Soto y Ximena Simpertigui Pincheira.

Harvey, Farías y Tudesca habían sido denunciantes del denominado “fraude en el Ejército”, sin embargo, para el Ejército, eran sujetos de interés, dado que estaban filtrando información reservada que ponía en riesgo la seguridad nacional. Bajo ese argumento se pidió seguir sus comunicaciones, así como de las personas con quienes mantenían contacto.

Según explicó el fiscal Retamal, Schafik Nazal “solicitó, ordenó, dirigió una serie de operaciones ilícitas en las que se interceptó y grabó, sin la debida autorización, diversas señales de telefonía móvil de servicios públicos y telecomunicaciones”, descartándose que estas actividades se hayan producido en tareas de inteligencia o contrainteligencia.

El uniformado obtuvo “oficios secretos” de carácter judicial dirigidos a compañías de telecomunicaciones. Estos eran suscritos por Poblete.

“No se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Y tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”, dijo el persecutor.

Luego de la audiencia de formalización, el tribunal fijó un plazo de 180 días para llevar adelante la investigación.