Al menos 74 migrantes que residen en el campamento donde fue hallado el cuerpo sin vida del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, fueron trasladados este martes a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Maipú, para ser sometidos a controles tras mantener condición irregular en el país.
La información fue confirmada por la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, luego de encabezar junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y personal policial y de seguridad municipal, un gran operativo de fiscalización en el campamento situado en la intersección de las avenidas Pajaritos con Camino a Melipilla.
“Se han hecho fiscalizaciones de controles vehiculares, pero también y especialmente fiscalizaciones migratorias. Hoy día se controlaron a más de 74 personas que hoy día están siendo trasladadas a dependencias de la PDI para poder generar los controles migratorios pertinentes”, dijo la delegada.
Además, detalló que ente las fiscalizaciones vehiculares se logró la aprehensión de otras dos personas, de las cuales una de ellas estaría involucrada en el robo de una motocicleta.
Según un catastro realizado por el Serviu Metropolitano y el municipio de Maipú, en el lugar se emplazan cuatro campamentos que están habitados por cerca de 600 personas. Al respecto, Martínez detalló que la mayoría de las tomas se establecieron y se extendieron durante el año 2020, por la pandemia del Covid-19.
“Hemos trabajado muy coordinadamente durante ya dos años. Hemos tenido acciones de mitigación en muchos lugares. Hay más de 50 operativos que se habían realizado anteriormente para contener los perímetros de una toma que se arrastra desde el 2017″, remarcó.
En tanto, el alcalde Vodanovic se refirió a la intervención realizada en el territorio, tras los continuos problemas de inseguridad y crímenes evidenciados en los últimos meses.
Cabe señalar que, horas antes, el jefe comunal había participado en una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde le solicitó tres medidas: operativos de desalojo en la mencionada toma; control de armas en la villa San Luis y la presencia de militares en las calles para resguardar la infraestructura crítica de Maipú. Esta última medida desató polémica al interior del oficialismo.
En torno al procedimiento, indicó que “hoy día vemos el primero de una serie de operativos que, esperamos, nos permita sacar de dicho campamento todo tipo de práctica irregular y luego proceder al despeje de ese sector porque los vecinos de Maipú no merecen ver cómo su comuna va siendo arrebatada por el delito y por el crimen organizado”.
Respecto a quienes residen en los campamentos y hayan ingresado de manera ilegal al país, el jefe comunal remarcó que “a esas personas tenemos que retirarlas cuanto antes del campamento”.
“No queremos que personas que estén en condición irregular y además tengan antecedentes penales puedan estar desarrollándose en ese lugar porque hemos visto el tipo de consecuencias que eso puede tener para la vida de nuestros vecinos”, concluyó.
