Opiniones divididas en alcaldes por el reemplazo del Fondo Nacional de Seguridad Pública

Desde que se creó el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) en 2010, se ha entregado financiamiento a 1.396 proyectos, otorgando en total una inversión de $ 46.902 millones de pesos a municipalidades, juntas de vecinos, universidades y otras organizaciones civiles que postulan sus proyectos para la prevención de delitos.

La base del programa era la concursabilidad, donde todos estos entes presentaban sus programas de seguridad para obtener fondos. Sin embargo, esto cambiará. Si bien, a medianos del año pasado, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) se habían anunciado modificaciones a este Fondo, en el último tiempo se fueron dando más detalles de lo que significará este cambio.

“Cuando llegamos al gobierno, una de las primeras promesas que hicimos a los alcaldes es que terminaríamos con la concursabilidad, porque precisamente muchos municipios se quedaban fuera debido a que no tenían las capacidades para postular. El objetivo de esta medida es maximizar los recursos, porque un municipio que tiene un mínimo común preventivo permite que, desde ese piso, el Estado pueda actuar con mayor eficiencia”, cuenta el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a La Tercera.

En la práctica, el Fondo Nacional de Seguridad Pública no existirá más, este será reemplazado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con el objetivo, según el Gobierno, de entregar recursos en materia de prevención del delito a comunas que no cuentan con recursos para presentar sus proyectos, pero que necesitan reforzar sus sistemas de seguridad.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), mostró reparos a este cambio. “Creemos que quedan muchas dudas e inquietudes. No queda claro cuál será el criterio para definir los procesos de adjudicación. Si bien, es evidente que existe diferencia presupuestaria entre un municipio y otro, creemos que el problema de fondo es la planificación”, expresó el edil.

Por otro lado, Alessandri reclama mayores atribuciones a las municipalidades en materia de seguridad, como fiscalizadores comunales con mayor capacitaciones y preparación ante delitos. “No sabemos qué pasará con la sociedad civil, por ejemplo, con las juntas de vecinos, quienes, con el actual sistema, pueden postular a cámaras de seguridad para sus barrios, lo que ayuda a la coordinación de los vecinos, dándoles tranquilidad en su día a día”, agrega.

Rodolfo Carter, principal autoridad municipal de La Florida, también se manifestó preocupado respecto a estas modificaciones. El alcalde duda de la objetividad del Gobierno a la hora de entregar estos recursos, tildándolo de “extremadamente ideológico”. “Yo creo que en general ninguna persona debe tener demasiado poder, eso no es sano para una democracia, porque es cierto que estos fondos concursables lo suelen ganar municipalidades más capacitadas para postular y eso es una desigualdad que hay que erradicar (…) Pero prefiero la concursabilidad antes que lo decida un burócrata”, declaró el ex UDI en un encuentro de seguridad organizado por la Universidad San Sebastián.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipales (ACHEM), es una de las autoridades municipales que apoya el reemplazo al FNSP. La autoridad destaca la posibilidad que tendrán otras municipalidades de recibir recursos para reforzar la seguridad de sus comunas.

“Que se haya eliminado la concursabilidad también entrega una cuota de equidad territorial, porque lo que sucede en muchos aspectos, no solamente en temas de seguridad, es que muchos municipios pueden postular proyectos y tienen la capacidad técnica para hacerlo, mientras que otros más pequeños y de menores ingresos no la tienen”, destaca la democratacristiana.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito argumentan que este cambio será positivo y sin sesgos en las adjudicaciones por la transparencia que buscan tener en el proceso de selección de proyectos. “Contará con un reglamento que estará validado no sólo por técnicos, sino que también por la Contraloría y el índice que se aplicará para entregar los fondos tiene 3 grandes ejes: la vulnerabilidad social delictual de la comuna; los proyectos de tipología con más capacidad para reducir la percepción de inseguridad y el liderazgo municipal de los proyectos”, comentó el subsecretario Vergara.

Con esto, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se han planteado como meta la reducción de brechas entre comunas, marcándose como objetivo que durante este semestre todas las comunas cuenten con patrullas para la prevención de delitos.

“La disparidad que ocurre en municipios es muy grande, porque hay algunos que no tienen nada, ni siquiera funcionarios de seguridad, para qué hablar de vehículos, mientras otros tienen miles de cámaras y decenas de empleados. Esta medida no significa que queremos quitarles a unos para darles a otros, sino que el Estado tiene que estar al servicio para que tengamos un mínimo común preventivo en todo Chile”, concluye Vergara.