El proyecto de ley del gobierno, que busca que Carabineros pueda realizar controles preventivos de identidad a adolescentes de entre 14 y 18 años, desató fuertes críticas en la oposición. Los reparos aumentaron luego de que ayer La Tercera publicara un estudio de la U. Diego Portales, que dice entre 2017 y 2018 la policía aplicó este procedimiento en 70.317 jóvenes de ese rango etario. El senador Felipe Harboe (PPD) afirmó que si se hicieron esos 70 mil controles, aquello "sería contrario a la ley", lo que, además, demostraría que "esta medida no influye en los índices de delincuencia". "Están buscando un verdadero subsidio al mal trabajo de Carabineros", acotó.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza (PS), dijo que esas cifras "dan cuenta de que, en general, este no es un buen procedimiento (...) es fruto de incapacidad para detectar a delincuentes". Insulza agregó que "no estoy de acuerdo con el control preventivo de identidad, a menos que se encuentren mecanismos que den garantías de que no se va a producir el trauma de una detención prolongada ni la detención de menores de 14 años", aunque sí dijo estar disponible para discutir su aplicación en adolescentes de entre 16 y 18 años.
El estudio de la UDP muestra que por cada 41,7 controles preventivos realizados en menores de 14 a 18 años, solo en uno se detectó una orden de detención vigente (ver infografía), lo que para la diputada Gael Yeomans (IL), de la Comisión de Seguridad Ciudadana, da cuenta que no solo es un mecanismo inefectivo, sino que además sería "un malgasto de recursos". La diputada Maite Orsini (RD) agrega que este es "un ejemplo concreto de por qué ampliar las facultades de Carabineros no solo es inútil, sino que también peligroso". El diputado Leonardo Soto (PS) agregó que esos 70 mil procedimientos se "hicieron infringiendo y vulnerando la ley vigente" y agregó que "podrían dar inicio a una investigación penal por detención ilegal".
El apoyo oficialista
El oficialismo destacó que los procedimientos permitieron detectar a 1.686 adolescentes de 14 a 18 años con órdenes de detención pendientes, lo que avala su necesidad. El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) sostuvo que ese dato "confirma que los controles a adolescentes son una herramienta eficaz para dar con jóvenes responsables penalmente y que están prófugos". El senador Andrés Allamand (RN) añadió que "el actuar policial es complejo y a veces discernir si una persona tiene 17 o 18 años es muy difícil" y consideró razonable la explicación de Carabineros. La institución explicó que cuando se controla a un adolescente y se ingresa su nombre a sus bases de datos, si el sistema arroja que es un menor de edad, el procedimiento se suspende, pero el control queda registrado automáticamente. "La explicación parece convincente", coincidió la diputada Marcela Sabat (RN), quien opina que la propuesta del gobierno debe "dar mayor regulación a estos procedimientos, que existan mecanismos eficaces de información y protocolos que resguarden los derechos de los menores controlados".
El asesor del Ministerio del Interior, Pablo Celedón, explicó que el proyecto busca regular de mejor forma estos controles, con reglamentos que serán revisados anualmente. "Y se mejorarán los mecanismos de denuncia y reclamo frente a los posibles abusos en los procedimientos (...) En ningún caso se tratará de un cheque en blanco".
Haz click en la infografía para ampliar.
